Ahora bien, esta prolija producción normativa no es sinónimo de transparencia y de seguridad para el administrado. La realidad es bien distinta. Los evaluados no son informados de sus puntuaciones reales ni si están correctamente normalizadas, o si efectivamente todos sus méritos han sido incluidos y por último, pero no menos preocupante, si el órgano de evaluación ha modificado las notas finales hasta en un 15% de la diferencia entre el primer clasificado y el último.

Todo este cambio normativo impide al militar orientar su carrera profesional buscando mejorar, ya que los criterios que rigen los principios rectores del Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto a la promoción profesional, basados en el mérito o capacidad, varían constantemente. De este modo, un profesional que decida ir a un destino de fatiga, realizar un curso determinado, iniciar una carrera universitaria, el estudio de un idioma extranjero o sea felicitado por un mando, puede ver que en menos de un año su curso ya no cuenta, su idioma sea de menor interés, su destino deja de ser de fatiga, su carrera se puntúa a precio de saldo, y la autoridad que firmó su felicitación ha dejado de ser válida con carácter retroactivo.

La consecuencia es que será evaluado y podrá ser postergado quedándole como único consuelo la íntima satisfacción del deber cumplido.

Sin duda, la determinación fundamentada y coherente del perfil profesional que se pretende, el peso excesivo de los IPEC, la falta de transparencia y por último, la carencia de un periodo transitorio suficientemente amplio que permita adaptar las diferentes trayectorias profesionales a los nuevos perfiles exigidos, son razones que impiden e impedirán el funcionamiento adecuado del sistema de ascensos.