Si tomamos como cierto su contenido y damos crédito a que ha sido fruto del trabajo de los distintos responsables del Ministerio de Defensa y de los Cuarteles Generales de los Ejércitos, así como de la información facilitada por los representantes de las asociaciones, profesionales o no, que comparecieron ante la citada Subcomisión, solo nos queda manifestar nuestra profunda frustración y desánimo tras comprobar que las diversas propuestas elaboradas por ASFASPRO han sido ignoradas e incluso tergiversadas, en algunos casos, haciendo gala también de un preocupante desconocimiento del articulado de las leyes de régimen de personal, lo que resulta del todo inexplicable tras la ingente cantidad de horas que en teoría se han dedicado al estudio de la problemática generada por la profusión legislativa de los últimos treinta años, en especial a los efectos negativos de la actual Ley de la carrera.
Sabiendo que el próximo día 28 de mayo se reunirá la Subcomisión para tratar la aprobación del informe definitivo, que debe hacerse público el día 1 de junio, esperamos que se produzcan cambios sustanciales que pongan fin a la grave sucesión de errores cometidos durante los últimos años.
Por lo demás, podemos estar de acuerdo en que el dictamen debe circunscribirse al régimen transitorio, pero de ninguna manera puede afirmarse tan alegremente que tras más de seis años de aplicación del nuevo modelo establecido por esta última Ley, no se haya visto afectada la operatividad de las Fuerzas Armadas. En todo caso, solo la profesionalidad y el sacrificio personal de los miles de perjudicados por la sucesión de tan absurda e injusta normativa han evitado el colapso que se hubiera producido, casi con toda seguridad, si se tratase de cualquier otro tipo de empleados públicos.
Tampoco es lícito escudarse en la posibilidad de nuevos agravios (que no se han descrito) para no solucionar los que ya existen y mucho menos utilizar las sentencias desestimatorias de los diferentes tribunales de justicia, que se han ido pronunciando sobre algunas de las reclamaciones de los afectados, porque no siempre lo que es legal es justo. Con determinados razonamientos todavía seguirían perviviendo en la sociedad actual fenómenos, legales en su momento, como la segregación racial y el apartheid o la mujer no tendría derecho al sufragio universal. Es cierto que los problemas de los suboficiales no se pueden poner a la misma altura que los descritos, pero también lo es que durante los últimos años destacados miembros de la Comisión de Defensa de distinto color político han reconocido en público y en privado, en sede parlamentaria o en los medios de comunicación, que nuestra situación es de máxima gravedad por los numerosos agravios sufridos, las expectativas de carrera truncadas o las escasas perspectivas de futuro. Entonces, lógicamente, algo habrá que hacer y no cruzarse de brazos esperando a que los problemas se solucionen con el paso del tiempo o porque hayan fallecido la totalidad de los agraviados. La urgencia del momento requiere que se pongan encima de la mesa soluciones inmediatas a problemas reales no resueltos que afectan a miles de militares. No se trata, por tanto, de prorrogar innecesariamente un periodo transitorio sino de poner fin a décadas de inseguridad jurídica, agravios y discriminaciones, eliminando cualquier resquicio de castas y privilegios del pasado que no pueden consentirse en ninguna democracia, antes de continuar desarrollando una ley de personal muy necesitada de serios ajustes.
