En su misiva –en la que agradece al JEMAD y a las fuerzas armadas su apoyo e interés por su situación– el teniente especialista en Desactivación de Explosivos expone al almirante García Sánchez la cronología de los hechos y reclama su amparo ante “la falta de sensibilidad, de transparencia y en líneas generales la orfandad tutelar que sentimos por parte del Ministerio de Defensa”. Un Ministerio, advierte, “para el cual prestamos nuestros servicios y juramos hacerlo hasta derramar la última gota de su sangre, como así ha sido”. El teniente de Infantería de Marina Candón sobrevivió a la terrible deflagración que costó la vida a cinco militares cuando hacían prácticas ante sde su despliegue en la misión de Líbano. Pero lejos de salir indemne, perdió un ojo, el 85% de la visión del otro, además de mutilaciones innumerables, quemaduras y heridas terribles. Hoy su cuerpo, tras cerca de medio centenar de operaciones, sigue salpicado de metralla. En similar situación está su compañero, el entonces sargento de Infantería de Marina Raúl Alfonso González Fernández, deficiente visual grave, es decir que casi ha perdido también la visión por completo.

El juzgado Togado Militar Territorial nº11 de Madrid descartó responsabilidades penales por el accidente unos meses después de abrir la causa. Pero sí abrió la puerta a posibles reclamaciones patrimoniales. Las viudas, huérfanos, familiares y supervivientes comenzaron así su reclamación patrimonial al Ministerio de Defensa, basándose para calcular las cifras en el reglamento de indemnizaciones de los seguros por accidentes de tráfico. La petición fue atendida favorablemente por el instructor del Ministerio. Sin embargo, fue rechazada por la Asesoría Jurídica del ministro.

Así las cosas, el expediente viajó al Consejo de Estado, que suscribió que víctimas, huérfanos y viudas no tenían derecho a indemnización. El ministro Pedro Morenés firmó al principio del verano la resolución por la que negaba las indemnizaciones a huérfanos y viudas. El Consejo de Estado aún no se ha pronunciado en el caso de los heridos, pero como reconoce en su carta al JEMAD el teniente Candón, “presumimos que nuestra solicitud será desestimada”. En consecuencia, como explica al JEMAD, “tendremos que buscar en la Audiencia Nacional la Justicia que se nos niega en el Ministerio de Defensa”, para el que servían.

En el caso de Candón, 38 años, severamente imposibilitado –calificado como gran invalidez– y necesitado de atención médica diaria, su pensión supone casi la misma cantidad que perciben sus compañeros de promoción en activo, “que pueden disfrutar en plenas facultades del desarrollo de sus hijos; de su esposa, y de sus familiares y amigos. ¿Dónde está la reparación del daño?”. En unos años, en los que habría ascendido, cobrará mucho menos de lo que hubiera percibido de haber podido seguir su carrera militar con normalidad, y sus necesidades de atención médica serán presumiblemente mayores.

El teniente explica al JEMAD que “han quedado muchas dudas” a los largo del proceso judicial “sobre el estado del material empleado y sobre las instalaciones”. En ese sentido, recuerda que “en los últimos años han perdido la vida 12 especialistas en desactivación, la mayor parte en territorio nacional”.

En una de sus hipótesis, el informe de los TEDAX de la Guardia Civil que informó al juzgado Militar, se plantean dudas sobre la caducidad de las minas, como razón de su detonación. Las minas que manejaban ese día los especialistas en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares estaban caducadas, pero el Ejército había decretado la prorroga de su vida operativa.