Toda, absolutamente toda la legislación aplicada en las Fuerzas Armadas desde la aprobación de la Constitución Española en el año 1978 ha sido condicionada por este complejo inexplicable, que ha derivado en el nulo reconocimiento de la singularidad de la profesión militar y, por consiguiente, se nos está privando de unos derechos que sí pueden disfrutar otros empleados públicos y que deberíamos alcanzar con mucho más motivo por las especiales circunstancias en las que se desarrolla gran parte o la totalidad de nuestro servicio activo.

Por ejemplo, no es lógico que actividades que son consideradas penosas, tóxicas o peligrosas en el ámbito civil ya no lo sean cuando se ejercen con un uniforme militar, como si el componente vocacional de la profesión o los supuestos valores inherentes a la misma te inmunizaran ante cualquier riesgo o enfermedad. Tampoco lo es que nuestra jornada laboral real pueda llegar a triplicar la de cualquier otro ciudadano español y esta excepcionalidad no sea tenida en cuenta ni por el Ministerio de Defensa ni por el de Hacienda y Administraciones Públicas. Prueba fehaciente es la reciente Orden Ministerial sobre vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias, que ignora un acuerdo del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas e impide el disfrute de descansos adicionales que pudieran compensar esa singularidad y las particulares condiciones de prestación del servicio. La dificultad para llevar a cabo la tan manida conciliación de la vida familiar, personal y profesional y la nula retribución o el descanso proporcional por la realización de guardias y servicios, indiscutibles en otros ámbitos, se justifican, sin que nadie llegue a sonrojarse, por la disponibilidad permanente a la que estamos obligados. Ante esta sorprendente desigualdad, no nos cabe duda alguna de que los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, no se han adaptado realmente al régimen del personal militar profesional, todavía se lo están pensando.

De igual manera, a cualquier propuesta de estudio y modificación de las condiciones de pase a la situación de reserva o de la jubilación de los militares profesionales te pueden espetar, sin el más mínimo análisis y con elevadas dosis de indiferencia, que "no está en sintonía con la corriente social de retrasar las edades de jubilación y eliminar las jubilaciones anticipadas". Y todos tan tranquilos, pues el régimen disciplinario, sanciones económicas incluidas, y la satisfacción del deber cumplido, ¡cómo no!, además de las paternalistas palmaditas en el hombro y los bonitos preámbulos que adornan toda la normativa relacionada, son argumentos más que suficientes para compensar adecuadamente a este grupo de jerarquizados, disciplinados, unidos y resignados ciudadanos. Pero todavía hay más.

Durante los últimos veinticinco años hemos sufrido tres leyes de personal y sus correspondientes parches, además del consiguiente desarrollo reglamentario. Toda esta sucesión normativa ha afectado muy negativamente a los miembros de las Fuerzas Armadas, modificando trayectorias profesionales consolidadas y creando situaciones de verdadera indefensión con una gran inseguridad jurídica o, lo que es lo mismo, generando inestabilidad y frustración. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar –que contiene disposiciones transitorias anómalas que serían escandalosas en cualquier otro ejército de nuestro entorno­– se ha convertido en el juguete de las comisiones de Defensa del Congreso y del Senado, de los grupos parlamentarios y de los sucesivos gobiernos, prácticamente desde su entrada en vigor en enero del año 2008 y, los militares, en ingenuos destinatarios de promesas incumplidas y decenas de brindis al sol. Mientras tanto, a los suboficiales, los más grandes afectados por este despropósito, solo nos queda contemplar cómo se ignoran nuestras propuestas al tiempo que se concede a otros lo que a nosotros se nos niega por activa y por pasiva.

Tal vez, sin encontrar ninguna otra explicación para semejante actitud, el único motivo para tanto y tanto desprecio sea ese complejo latente que equipara al militar a un ciudadano de segunda, con menos derechos y recluidos en un oscuro gueto. Sirvan como ejemplo de lo que afirmamos, las manifestaciones públicas de rechazo formuladas por algunas organizaciones políticas y sindicales, e incluso medios de comunicación, a la posibilidad de que los militares de carrera puedan prestar servicios en la Administración Civil del Estado o, más recientemente, a que las Policías Locales de los distintos ayuntamientos reserven un cupo de plazas para militares de la Escala de Tropa y Marinería, con un mínimo de cinco años de servicio y superando todos los requisitos establecidos en cada convocatoria. Los juicios de valor y las razones que han aducido los que se oponen a tales medidas para justificar su postura, no hacen más que confirmar que no nos estamos equivocando en nuestro análisis y que todavía queda un largo camino que recorrer hasta alcanzar la madurez de otras democracias occidentales que hace mucho tiempo que superaron los traumas de su pasado. Y solo se trata de dos ejemplos, porque lo cierto es que ni mucho menos podemos hablar de casos aislados. Por otro lado, el silencio de quienes manifestaron en los últimos meses su preocupación por el bienestar de los militares es clarificador y están dejando pasar una excelente oportunidad para demostrar que sus palabras de apoyo son algo más que un simple cálculo electoral.

No obstante, los miles de mujeres y hombres que formamos parte de las Fuerzas Armadas –que hemos demostrado sobradamente nuestra preparación, entrega y sacrificio en todo tipo de situaciones y escenarios– seguiremos obligados a entregar nuestras vidas si fuese necesario, a cambio no nos merecemos pasar otros veinticinco años sometidos a leyes y normas "acomplejadas" que permitan la arbitrariedad o la injusticia.

ASFASPRO