Para la Izquierda Plural, el Ejecutivo debe remitir al Congreso un nuevo texto que sea incluido "como un título especial del Código Penal ordinario" y en él se recojan "delitos militares", de modo que esto conllevaría "la desaparición de la jurisdicción militar en la configuración actual para su plena integración en el Poder Judicial como órganos de las jurisdicciones penales y contencioso-administrativas".
A juicio de UPyD, la jurisdicción militar ha demostrado ser "con frecuencia" un "instrumento de impunidad de los responsables de delitos", no puede "garantizar su propia independencia" y es "manifiestamente opaca".
Por eso, también considera que el nuevo Código Penal Militar, ya que "gran parte de los delitos tipificados se dan en tiempos de guerra y los referidos a tiempos de paz son contra la disciplina o el servicio", debería ser una ley cuya regulación se dirija únicamente a "lo relativo a lo castrense y para determinadas situaciones de carácter excepcional en la vida de un Estado".
AUMENTO DE LOS DELITOS MILITARES
Ambos grupos parlamentarios también coinciden en apuntar que el proyecto aprobado por el Gobierno regula como delitos militares ilícitos penales ya recogidos en el Código Penal común, por lo que consideran que con la redacción actual "habría un número mucho mayor de delitos militares tipificados con respecto a los del Código Penal Militar de 1985".
"Con este modelo se pretende una injustificada extensión de los delitos militares que no tiene razón alguna y que, en realidad, va contra el límite constitucionalmente castrense, y los tipos delictivos que pasan a ser delitos militares en el texto que se ha remitido a la Cámara van mucho más allá", explica la enmienda de la Izquierda Plural.
Otro punto en el que coinciden los dos grupos parlamentarios es en el momento elegido para la remisión a las Cortes de este proyecto de ley, toda vez que el Código Penal común todavía está tramitándose en el Congreso.
Según la Izquierda Plural, "la ley penal militar debe quedar condicionada a la configuración del Código Penal" debido as "continuas y permanentes referencias en su configuración, de modo que "parece del todo necesario esperar" a la tramitación del proyecto de ley del ordinario para concretar el militar después.
APLICACIÓN A LA GUARDIA CIVIL
Estos dos grupos también se muestran en desacuerdo con la parte del proyecto que explica la aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil y piden que únicamente se les sancione en estos casos: en tiempos de conflicto armado, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se les encomienden y mientras se encuentren integrados en unidades de las Fuerzas Armadas.
Además, UPyD y la Izquierda Plural coinciden en alertar de que el proyecto de ley crea una "situación de inseguridad jurídica" para los miembros de las asociaciones profesionales tanto de militares como de guardias civiles.
En opinión de la coalición de izquierdas, la redacción del apartado 3 del artículo 77 es "confusa, oscura e impredecible" y parece estar "destinado, en su oscuridad, a facilitar la iniciación de acciones penales contra las asociaciones profesionales de guardias civiles y de militares y contra sus dirigentes y, eventualmente, contra sus afiliados".
En resumen, la Izquierda Plural considera que el proyecto de ley de Código Penal Militar es un "texto hecho dentro del Ministerio de Defensa, al margen de la participación de la sociedad civil y de los operadores jurídicos". "Un código hecho por algunos militares para todos los militares", afirma.