En representación del Observatorio de la Vida Militar, Torre de Silva, indica en la que Llamazares califica como una “sorprendente y frustrante respuesta” que “los ‘informes o estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas’ a que se refiere el artículo invocado por usted han de tener carácter general”.

El presidente de este órgano -que, entre otras funciones, tiene marcada legalmente la de ‘elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas’- argumenta su respuesta al diputado de IU en que “así se infiere del propio tenor del precepto, así como del preámbulo de la citada Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, que en su apartado II prevé que no será un órgano competente para tramitar o resolver quejas de carácter individual y que sus análisis y estudios tendrán carácter general”.

“Como usted conoce –apostilla en su carta de respuesta a Llamazares-, existen diversos órganos competentes para tramitar las reclamaciones y quejas individuales de los militares, tanto en el seno de las Fuerzas Armadas como fuera de ellas, entre los que cabe mencionar al Defensor del Pueblo”.

Gaspar Llamazares valora tras esta respuesta que “da la impresión de que desde el Observatorio de la Vida Militar se quitan de encima un caso que parece que ‘quema’ y que es especialmente delicado por las denuncias sobre supuestos casos de corrupción en el Ejército. Mi carta de antes del verano es meridianamente clara. No es ni una ‘reclamación’ ni una ‘queja’ hecha de forma individual sustituyendo a ningún afectado, sino el ejercicio de mi derecho para que en mi trabajo como diputado pueda disponer de la máxima información posible elaborada por los órganos competentes para ello”.

Antes de zanjar la petición por escrito del parlamentario de IU con un escueto “en virtud de estas consideraciones, el Observatorio de la Vida Militar lamenta no poder acceder a su solicitud de informe”, su presidente Torre de Silva llega a cuestionar que un único diputado pueda hacer este tipo de petición. Así, avisa de que la decisión que se toma lo es “con independencia de que no cabe prejuzgar que un solo Diputado tenga la condición de parte a los efectos del precepto citado, al menos hasta tanto se establezca así”.

Llamazares adelanta que “pese a la frustración que nos genera la respuesta del Observatorio en un caso tan importante como éste, vamos a ceñirnos al único resquicio que parecen dejar entreabierto y veremos hasta dónde nos permiten llegar”. Se refiere así al penúltimo párrafo de la misiva del presidente de este órgano donde, tras rechazar la petición del parlamentario por Asturias, señala que “no obstante, este Observatorio está abierto a estudiar los aspectos generales en relación con los derechos fundamentales y libertades públicas, y con la libertad de expresión en particular”.

En la misiva de respuesta se produce también un hecho curioso. Torre de Silva reconoce a Gaspar Llamazares que “su carta constituye la primera petición que recibe el Observatorio” de una solicitud de informe basándose en el precepto señalado legalmente de ‘elaborar, de oficio o a petición de parte, informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida en las Fuerzas Armadas’.

“La decisión que se adopte, por tanto, -advierte el presidente de este órgano consciente de su importancia- constituye un precedente de indudable relevancia en el ámbito parlamentario y en el de los órganos que, como ocurre en el Observatorio de la Vida Militar, están adscritos a las Cortes Generales”. De ahí que para tomar las decisiones que recoge su carta, Víctor Torre de Silva convocó una reunión del Observatorio, celebrada el pasado 17 de septiembre como él mismo informa.