La investigación que ha destapado el mayor escándalo de corrupción en el Ejército del Aire —el importe total del fraude no se ha cuantificado, pero las cantidades dejadas de ingresar al Tesoro rondan los 600.000 euros anuales— se inició a raíz de que se abriera un expediente gubernativo al entonces capitán De Juan Baena por su gestión en la Sección de Intendencia de Getafe en el año 2010.
Pero la juez Moncada, que realiza en un auto un pormenorizado y demoledor retrato del cúmulo de irregularidades detectadas, no cree que el imputado fuera el único ni el principal responsable. Aunque inicialmente podría creerse que el capitán actuaba “sin conocimiento y sin la connivencia de subordinados y superiores”, tanto de la declaración de éste y de varios testigos, como de las pruebas incorporadas al procedimiento, la juez deduce que el imputado “solamente era una pieza dentro de esta dinámica, indiciariamente delictiva, y que se limitó a seguir con el sistema ya implantado, pues dar parte de él [a los mandos del Ejército del Aire] era un berenjenal”, según sus palabras.
Para cometer tal cúmulo de irregularidades —existencia de una caja b, facturas falsas, justificantes ficticios de IVA, entre otras— era preciso que participaran “aquellos que recaudan [los ingresos de cocinas o alojamientos], los que tendrían que ingresarlos en el Tesoro, los que aprueban el gasto y los que adjudican la contratación, pasando por los que controlan todas estas actuaciones”. Es decir: “un solo individuo, en una estructura económica jerarquizada, a mayor abundamiento castrense, sería incapaz de distraer estos fondos públicos y más en las cantidades que parecen resultar”.
Para la juez, “la participación en cadena” de otros militares “no solo sería verosímil sino incluso necesaria”, como también “la existencia de una estructura organizada y jerarquizada [...] con el fin de desviar fondos públicos y disponer de los mismos según su voluntad”. El capitán imputado no sería así el único responsable, sino más bien un cabeza de turco que intentó poner coto, o al menos limitar, los desmanes, según varios testigos.
El auto sugiere que el expediente se debió “a la toma de conciencia [por parte de sus jefes] de que actuaba por libre, ajeno al grupo, y poniendo en peligro la organización, en la que cada uno tendría su rol” Y ello con el objetivo de “acotar daños” y “seguir actuando como antes”. Lo cierto es que la “indebida y desastrosa llevanza contable” por la que se le expedientó se mantuvo igual después de su cese.
La juez no identifica a los miembros de esta “trama delictiva”, pues excede de su competencia imputarlos, pero señala que, según todos los indicios, los coroneles que se sucedieron al mando de la ACAR Getafe, el teniente coronel jefe de la Sección Económico Administrativa (SEA 027) o los oficiales al frente del Grupo de Apoyo, así como los encargados de los negociados de Contabilidad, Contratación, Alimentación o Alojamientos, autorizaron o estuvieron al corriente de irregularidades tales como “multitudinarias y opíparas celebraciones” o “cenas VIP”, con cargo al erario público, en las que muchos participaron.
Destrucción de documentos contables antes del registro
Juan Carlos Saiz, abogado del comandante José Enrique de Juan Baena, ha denunciado ante los juzgados militares la destrucción de documentos en la base aérea de Getafe. El letrado alega que, tras el cese de su cliente al frente de la Sección de Intendencia (SEINT), en junio de 2011, toda la documentación contable, tanto en papel como informática, quedó archivada en dicha unidad, cuyos jefes tenían obligación de custodiarla. Sin embargo, pese a los requerimientos judiciales, no se han aportado los justificantes de ingresos de cafeterías y alojamientos hasta julio de 2011.
Los peritos indicaron que “o bien esta documentación había desaparecido o se había hecho desaparecer” y varios testigos revelaron que, en febrero de 2012, ya con la investigación en marcha, se ordenó formatear los ordenadores que contenían estos datos, mientras que desaparecieron las copias en papel.
“Es evidente que ha habido una premeditada destrucción y desaparición de documentación relevante para la causa”, denuncia el letrado, quien alega que este hecho perjudica el derecho a la defensa de su cliente, que necesitaba de estas pruebas para defender su gestión.
También el auto de la juez se hace eco de la desaparición de documentos, de la que dice que no pudo ser responsabilidad del comandante, que era “el primer interesado en presentarla en el juzgado”. Según el auto, fueron las advertencias de los peritos sobre la desaparición de documentos las que provocaron que se ordenase un registro por sorpresa del acuartelamiento en junio de 2013, que se saldó con un enfrentamiento entre la juez y el coronel y la apertura de un expediente disciplinario contra la primera. En el registro se incautó documentación “escasa y dispersa”. Pese a ello, se acabó descubriendo una cuenta ilegal cuya existencia la Sección Económico Administrativa había ocultado al juzgado.