Durante el debate en la Comisión de Defensa, el PP ha aceptado la incorporación de una enmienda del PSOE que propone que dicho plan sea llevado a cabo "a iniciativa conjunta de los ministerios de Defensa y de Educación, Cultura y Deporte con la colaboración de las comunidades autónomas en el ámbito propio de sus competencias".

   "Todo español tiene el derecho a conocer y estar informado en materia de seguridad y defensa nacional, especialmente los sectores sociales más jóvenes, siendo necesario arbitrar mecanismos eficaces para contribuir a la difusión de la cultura de defensa, la paz y la imagen de las Fuerzas Armadas con el objetivo de implantar en nuestra sociedad una verdadera conciencia y cultura de defensa, considerando que el entorno más idóneo para la aplicación de estas actuaciones son las etapas formativas que se desarrollan en escuelas, colegios y universidades", explica el texto de la moción.

CIU: "CONTEXTO DE REALIDAD TERRITORIAL"

   La iniciativa ha contado con el apoyo de PP, PSOE y la Entesa pel Progrés de Catalunya, si bien no de CiU, que pedía que al texto también se incorporara una enmienda con la que se dejara claro que el artículo 30 de la Constitución "nunca pueda llevarse a efecto contra la voluntad, debidamente acreditada por las urnas, de los ciudadanos de una parte del territorio", lo que ha sido rechazado por los 'populares'.

   El senador de CiU Josep Maldonado ha justificado su propuesta alegando que con ella se presentaría una moción "más realista" para dar a la formación en seguridad y defensa un "contexto de realidad territorial".

   "CiU siempre ha tenido una actitud de aportación, por encima de las ideologías", ha manifestado Maldonado, quien ha defendido que "mientras Cataluña pertenezca al Estado español", las instalaciones militares que haya en dicha comunidad y que "producen efectos positivos" hay que "mantenerlas y cuidarlas".

   Sin embargo, el Grupo Popular ha decidido rechazar la enmienda de los nacionalistas catalanes por introducir en esta moción el concepto de "voluntad acreditada en las urnas", ya que implicaría, a su juicio, incluir la posibilidad de que una comunidad autónomas pueda pronunciarse sobre la política de defensa de España.