Los militares estamos de enhorabuena, a las capacidades ya demostradas (descontaminación de locales, montaje de hospitales, asistencia sanitaria, traslado de cadáveres, transporte logístico, seguridad de centrales nucleares, vigilancia de fronteras…) durante los primeros meses de pandemia, dentro y fuera de la Operación Balmis, se une ahora una nueva capacidad: las Fuerzas Armadas pueden aportar en caso necesario 2.000 rastreadores para la identificación de positivos en COVID-19 que han realizado el preceptivo curso de formación¹. Es una auténtica ganga para el Estado disponer de personal cualificado, versátil en capacidades de alta demanda en tiempos de crisis, disponible a cualquier hora, cualquier día de la semana todas las semanas del año, disciplinado, que cumple órdenes de forma natural… y encima barato, muy barato, puesto que es desde hace muchos años el personal peor pagado de la Administración. Así se evita tener que pagar, cuando los profesionales de la salud inciden en que “es un trabajo y como tal debe ser remunerado”².

La tarea del rastreador no es fácil, y debe disponer de formación adecuada para poder establecer contacto –personal o telefónicamente- con personas de toda índole y condición. Debe estar preparado para comunicar con ellas e interrogarlas sobre aspectos muy personales, por lo que para tener éxito es indispensable –además de conocimientos sobre la enfermedad- una gran profesionalidad, empatía y un dominio del lenguaje que permita establecer una relación agradable y positiva entre el “interrogador” y el presunto infectado. Porque se trata de realizar un interrogatorio con resultados verdaderos, y el mero hecho de establecerlo puede ser visto, si no se realiza con tino, como algo agresivo por quien recibe la llamada. En definitiva, es un puesto de responsabilidad, de profesionalidad, que realizarán de nuevo con eficacia los militares.