Estas personas deberían cobrar una pensión “que corresponde al doble que el del haber regulador [cantidad de referencia para las pensiones que se marca cada año en los presupuestos]. De modo que si está, por ejemplo, en 2.000 euros, la pensión que le correspondería a un policía que resulta incapacitado en una persecución sería de 4.000 euros”, explica Héctor Cueli, abogado del bufete Osuna, que representa a los afectados por esta medida.
Sin embargo, indica el letrado, los presupuestos también marcan una pensión máxima, de modo que “nunca cobran la cantidad completa, sino el tope máximo que se establece en los presupuestos”. Esto no ocurre con los agentes y militaresafectados por un acto terrorista que sí que cobrarían la cuantía completa.
“Consideramos que una persona afectada por una bomba de ETA debería tener los mismos derechos que una persona afectada por un ataque en Afganistán si las consecuencias son las mismas”, explica Cueli.
Tal y como están fijadas estas pensiones ahora mismo “se vulnera el principio de igualdad reconocido en la CE cuando ante iguales situaciones se aplican medidas distintas”, dice el abogado del bufete Osuna, por eso acuden al Constitucional aunque no esperan conseguir mucho en los tribunales españoles. “Nuestra esperanza está en conseguirlo en Estrasburgo”, explica Cueli.
Discriminación respeto a otros colectivos
Además, los afectados se quejan por la discriminación con respecto a otros colectivos, que tienen las pensiones reguladas mediante otras normas y sin topes.
El teniente de Infantería de Marina José Luis Candón, incapacitado en un accidente con explosivos en el que murieron cinco compañeros en Hoyo de Manzanares, no se explica por qué los políticos no tienen límite en la cuantía que reciben en sus pensiones y si los militares. “Nosotros nos hemos jugado la vida en actos de servicio y tenemos la pensión limitada, mientras ellos han estado sentados en despachos o en el Congreso y no tienen ningún tope”, explica el teniente.
En su caso, además, el Ministerio de Defensa le ha denegado la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, a pesar de que las minas con las que practicaban para ir a una misión a El Líbano habían sido fabricadas en 1974 e hicieron explotar unos 1.000 kilos de explosivo. Cinco de sus compañeros fallecieron y tres de ellos sufrieron graves heridas y secuelas. Defensa denegó también las indemnizaciones a las viudas y huérfanos de los fallecidos en esta explosión.