Como ha informado Estrella Digital, con el apoyo de un informe negativo del Consejo de Estado, Defensa se muestra reacio a indemnizar a las víctimas, como así lo han solicitado, por encima del seguro colectivo con el que cuentan los militares, que en este caso ronda los 20.000 euros, muy por debajo de las cuantías que reciben los fallecidos en operaciones militares en el exterior o en un seguro de automóviles convencional.

En este sentido, Lozano plantea al Gobierno también "¿qué medida va a tomar el Ministro en lo referente a la disminución de la cuantía indemnizatoria de los familiares de los fallecidos (padres y hermanos)? ¿Actuará el Ministro de igual forma con los militares gravemente heridos aquel fatídico día?".

Una tercera pregunta de UPyD se refiere a si "¿tiene intención el Ministro de modificar el reglamento de indemnizaciones para equiparar las mismas en casos como éste e incluir la fase de preparación para un posterior despliegue dentro del marco de una misión internacional, no como hasta ahora que se entiende cuando la unidad está desplegada en zona y se produce la Transferencia de Autoridad?".

Por último, Irene Lozano cuestiona al Ejecutivo sobre la seguridad en el adiestramiento de estos expertos en explosivos: "¿continuarán los Servicios de Almacenamiento de Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa suministrando material explosivo caducado sin atender a la fecha de caducidad del fabricante -quedando acreditado con el tiempo la inoperancia de los elementos de los mismos en accidentes como este- para que nuestros soldados realicen prácticas de destrucción del citado material y así poder ahorrarse los costosos procedimientos de desmilitarización del citado material explosivo?", dice textualmente la pregunta.