Ramírez se hizo con el Lote 1 del concurso que asciende a 31,87 millones de euros por dos años, mientras que Proman Servicios Generales ganó el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total, ambas compañías pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado inicialmente en 72,57 millones, según el pliego de contratación del Ministerio de Defensa.
Fuentes próximas al Gobierno han indicado que el método de adjudicación fue totalmente transparente y que el criterio principal era el económico para ahorrar dinero a los contribuyentes. Pero lo cierto es que, según la Agencia Tributaria, Seguridad Integral Canaria le hace un flaco favor a las arcas del Estado porque Hacienda la ha acusado de defraudar 2,3 millones entre 2008 y 2009 "al pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas".
Horas extras no declaradas
Así consta en el informe que la Agencia Tributaria remitió este año a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO. El documento subraya que el delito habría consistido en "evitar practicar retención sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral, mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen". Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, club histórico ahora en Segunda División, siempre ha negado estos cargos. No obstante, el auditor del grupo le puso una salvedad en sus cuentas al no tener provisionada esta posible sanción.
Según consta en el texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado,"no sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus declaraciones de IRPF".
La inspección de la Agencia Tributaria ha corroborado que las dietas declaradas por Seguridad Integral Canaria suponían "un 30,16 % de los rendimientos de trabajo declarados en 2008 y un 27,9 % en 2009". El informe subraya que para alcanzar la facturación declarada, "Seguridad Integral Canaria tuvo que prestar, como mínimo, 3.134.948 horas de servicio de vigilancia en 2008 y 3.433.629 horas en 2009 y los vigilantes contratados sólo pudieron realizar 2.659.423 horas en el primer año y 2.900.652 en el segundo, por lo que es materialmente imposible que se haya facturado por valor de las horas declaradas con el personal del que disponía y con las horas extra admitidas".
El texto prosigue que "dicha facturación requiere como mínimo 475.524 horas adicionales en 2008 y 532.976 en 2009. Por lógica, estas horas suplementarias sólo pudieron realizarse fuera de la jornada ordinaria de los trabajadores, esto es, mediante horas extra no declaradas".
Un ministro en un concesionario de coches
Miguel Ángel Ramírez, un empresario de origen humilde que se declara hecho a si mismo, fue condenado en 2011 en sentencia firme a tres años de cárcel por delito medioambiental al ampliar su chalet utilizando metros de paisaje natural protegido en el norte de Gran Canaria. El 22 de noviembre del pasado año, el Gobierno lo indultó.
El 4 de diciembre, Ramírez hizo la fiesta de inauguración de un concesionario de coches en Las Palmas al que acudió como anfitrión el ministro de Industria, José Manuel Soria. Para el titular de la cartera de Energía, su paisano canario es "el ejemplo más puro de emprendedor" por su capacidad para convertir "sueños en ideas, estas en proyectos y finalmente en una empresa".