Entre otras cosas, la iniciativa que encabeza la diputada Irene Lozano persigue saber con exactitud la utilidad real de los 19 programas “en relación con las amenazas y los riesgos existentes para la Defensa española” para poder valorar así la necesidad del material militar que el Ministerio ha ido comprando entre 1996 y 2006 y cuyas facturas ahora hay que abonar a la industria. La PNL propone también que esta auditoria responda, en un plazo de seis meses, a preguntas como la cantidad (total o parcial) de los programas recepcionados y los que no lo han sido; la vigencia o denuncia de los distintos contratos y el plan de pagos de cada programa; los calendarios de devolución de los préstamos que el Ministerio de Industria concedió a las empresas encargadas de las producción de cada PEA; y, por último, los calendarios de entrega de cada programa y el de imputación de déficit correspondiente.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en una visita a Dakar (EFE).
Sostiene la diputada que, en este sentido, “la opacidad” mantenida por el Ministerio de Defensa en torno a estos programas “ha impedido a los ciudadanos conocer el enorme gasto que suponen para el país y para todos los contribuyentes. “El Gobierno actual no ha hecho el menor intento de ofrecer al Parlamento información fidedigna acerca de la carga presupuestaria que suponen estos programas para el contribuyente. Antes al contrario, las explicaciones y la documentación facilitada en sede parlamentaria tienen más de propaganda orwelliana que de información rigurosa”, expresa Lozano en su iniciativa. “Despachar con un puñado de láminas de Power Point una factura de 30.000 millones es otro ejemplo de la irresponsabilidad ministerial”.
"Las políticas del Ministerio de Defensa son un ejemplo claro de autodestrucción. Contar con sistemas de armas muy sofisticados y muy modernos a costa de que nuestros paracaidistas no puedan ni hacer entrenamiento de saltos es lo que ocurría en aquel viejo chiste del tonto que vendió el coche para comprar gasolina. Defensa no compra gasolina para poder pagar la letra del coche, pero ¿qué sentido tiene?", explica. "Desde el punto de vista de la seguridad nacional, ninguno. Sólo tiene sentido para la industria, porque sus intereses sí son defendidos. El lobby de la Defensa tiene asiento en el consejo de ministros. Nadie en el Gobierno defiende los intereses de los ciudadanos y la seguridad del país. Es urgente renegociar con la industria una factura menos onerosa, que permita no rebajar los estándares de nuestras FAS?", añade.
Como ha ido adelantando El Confidencial a lo largo de los últimos días, el monto total de estos programas alcanza los 30.000 millones de euros, de los que quedan por pagar 22.500 de aquí a 2030. Ese es el compromiso al que han llegado el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y su número dos, Pedro Argüelles, tras una renegociación de los pagos con la industria que ha encarecido los PEA en 2.000 millones más con respecto al plan de pagos aprobado por el anterior Ejecutivo en 2009. El nuevo calendario, aprobado por el Consejo de Ministros en un acuerdo del pasado 2 de agosto, dispara el gasto en armamento a partir de 2016 hasta alcanzar en algunos años, como en 2020, los 2.000 millones de euros.
Morenés y Argüelles, "exponentes de puertas giratorias"
“La renegociación llevada a cabo por el Ministerio con la industria a lo largo del año 2012, para intentar supuestamente rebajar la factura, ha elevado los pagos pendientes de realizar en 2.000 millones”, sostiene UPyD en un exhaustivo informe elaborado con el asesoramiento de Bernardo Navazo, analista de Defensa de la Fundación Alternativas. “Esto nos habla de la debilidad o la condescendencia del Gobierno con la industria –algo que apenas sorprende dado que el ministro y el secretario de Estado son el mejor exponente del fenómeno de puerta giratoria–“, añade Lozano.
Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, Alvaro Anchuelo e Irene Lozano. (Efe)
La proposición no de ley insta al Gobierno a llevar a cabo una renegociación con la industria que conduzca, realmente, a rebajar la factura final de estos programas para hacerlos asumibles para el Ministerio sin comprometer la Defensa española.
“En todo caso, a los grupos parlamentarios les falta información básica que el Ministerio mantiene en la más absoluta opacidad, precisamente para impedir que los representantes ciudadanos puedan fiscalizar cómo se ha llevado a cabo realmente el encargo de los PEAS, la renegociación con la industria, los sobrecostes ocurridos en el proceso”, añade Lozano. “La pregunta es: ¿a quién ha beneficiado la política gubernamental al respecto? Al contribuyente español está claro que no. El hecho es que a los españoles se nos va a hacer pagar 30.000 millones (el equivalente a volver a rescatar Bankia una vez y media más), sin que esté claro por qué ha aumentado la factura y el número de años (hasta 2030). Y lo peor es que, aunque muchos programas son necesarios para la modernización de las FFAA españolas, en el caso de algunos ni siquiera su utilidad está clara”.