La sentencia establece, además, que el Ejército tendrá que darle la antigüedad de los más de tres años que ha durado el proceso y abonarle el sueldo de este periodo de tiempo, que supone más de 40.000 euros.
Según ha explicado a EFE el abogado del soldado, Fernando Osuna, el Ejército abrió un expediente a F.P.O. al ser condenado un proceso penal que desembocó en la no renovación del contrato.
El letrado ha señalado que cuando un soldado es condenado es "habitual" que no se le renueve el contrato pese, aunque ha precisado que en el caso de F.P.O. se cometieron "numerosas irregularidades".
Así, subraya que la sentencia destaca que al soldado se le negó la audiencia, lo que le causó indefensión al privarle de la posibilidad de realizar alegaciones.