El reciente aumento en el número de arrestos disciplinarios se ha producido en paralelo a la reducción de la cifra de militares, que ronda actualmente los 120.000, por lo que las sanciones de privación de libertad equivalían el año pasado al 4% de los efectivos totales. Sumados los últimos cinco años y medio ese porcentaje rondaría el 24%.
La difusión de estos datos coincide con la tramitación en el Congreso de la nueva Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que sustituye a la de 1998. Todos los grupos de la oposición han pedido que se suprima la pena de arresto para las faltas leves, como la inexactitud en el cumplimiento de las órdenes o la falta de puntualidad (salvo en algunas situaciones extraordinarias, como las misiones en el exterior), y que se reserve para las faltas graves.
La mayoría de los grupos defiende que la sanción de arresto se sustituya en estos casos por penalizaciones de tipo económico, lo que permitiría a España retirar la reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las penas privativas de libertad sin intervención del juez. Hasta ahora, Defensa se ha negado a suprimir los arrestos para las faltas leves alegando que son necesarios para mantener la disciplina militar.
Según la respuesta del Gobierno, las sanciones de carácter extraordinario han sido 28; las de pérdida de destino, ocho y las de separación del servicio (que equivale a la expulsión de las Fuerzas Armadas) un total de 630. El año que más expulsiones se produjeron fue 2009 (222) y el que menos, 2012 (144).Los arrestos han sido también objeto de polémica en los últimos meses por haber afectado a dirigentes de asociaciones profesionales de militares, por declaraciones públicas en defensa de sus afiliados, mientras que no han sido castigadas manifestaciones abiertamente anticonstitucionales de algunos mandos.
Por otra parte, Adolfo Menéndez, subsecretario de Defensa en el primer gobierno de José María Aznar (1996-2000) ha renunciado a formar parte del Observatorio de la Vida Militar, un órgano de nueva creación cuya composición ha sido pactada por el PP, el PSOE, CiU e IU. Menéndez es abogado y acaba de ser elegido representante de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) en el consejo de administración del grupo Indra. El PP ha propuesto, en sustitución de Menéndez, a Víctor Torre de Silva y López de Letona, subsecretario de Defensa durante la etapa de Federico Trillo (2000-04).
Finalmente, el portavoz de Defensa del PSOE, Diego López Garrido, ha pedido el amparo de la Mesa del Congreso ante el comportamiento “arbitrario” y antirreglamentario del presidente de la Comisión de Defensa, Agustín Conde, en la sesión del pasado martes, cuando el PP utilizó su mayoría absoluta para rechazar todas las peticiones de comparecencia de Morenés presentadas por la oposición.