Entre otras funciones, este órgano deberá efectuar propuestas de actuación sobre el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas; elaborar informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida de las Fuerzas Armadas; proponer medidas que favorezcan la conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los militares; y promover la adaptación del régimen del personal militar a los cambios que se operen en la sociedad y en la función pública.

PRESTIGIO EN DEFENSA, RRHH O DERECHOS FUNDAMENTALES

   Según la Ley de derechos y deberes, el Congreso y el Senado elegirán para formar parte del Observatorio a "personalidades de reconocido prestigio en el ámbito de la Defensa o en el de recursos humanos o en el de derechos fundamentales y libertades públicas". Su nombramiento se efectuará por mayoría absoluta con el apoyo de, al menos, tres grupos parlamentarios en cada Cámara y por un periodo de cinco años. Su pertenencia no será retribuida.

   Desde UPyD, su portavoz encargada de los asuntos de Defensa, Irene Lozano, ha denunciado que no se haya contado con su partido para la elección de los candidatos, "ni siquiera" para informar de los nombres acordados.

   En declaraciones a Europa Press, Lozano ha denunciado que "una vez más PP y PSOE vuelven a repartirse el pastel de las instituciones públicas", al tiempo que ha mostrado su sorpresa por el hecho de que CiU, un partido que apuesta por la independencia de Cataluña, haya formado parte de un acuerdo sobre un órgano de las Fuerzas Armadas españolas.