Una vez aprobada la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, las esperanzas de que la labor de las asociaciones profesionales en el Consejo de Personal pudiera ser el contrapeso necesario para poner fin a los habituales “errores normativos” se han ido diluyendo poco a poco por culpa del rodillo que están imponiendo el Ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales, ignorando o inadmitiendo reiteradamente informes y propuestas, dificultando al máximo el flujo de información necesaria para poder trabajar adecuadamente o tratando de circunscribir la labor asociativa a la mera asistencia a los pocos plenos que se convocan anualmente y a actuar de comparsas en aquellos actos en los que se pretende publicitar el buen talante de la autoridad de turno. Pero este no es un papel que las asociaciones, representantes del personal, vayamos a asumir con sumisión. ¿Hacia dónde se pretende que llevemos las legítimas acciones en defensa de nuestros asociados?
Esta es la situación a día de hoy, con un Observatorio de la vida militar paralizado por la inacción parlamentaria y con un presidente del Consejo de Personal que está cerrando todas las vías para propiciar la participación y colaboración de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración de nuestro régimen de personal. Es ciertamente preocupante, e impropia de unas instituciones que deben ser estrictas cumplidoras de la legislación, que los preceptos de la citada Ley orgánica de derechos y deberes se estén quedando solo en buenas intenciones, en puro papel mojado, y en un claro ejemplo de la falta de voluntad de la Administración cuando los destinatarios de los derechos somos los militares profesionales.
Pero si ya es grave tanto incumplimiento, todavía lo es más que el Ministerio de Defensa pretenda aprobar dos reglamentos, fundamentales para el desarrollo de la carrera militar, tras un debate de media hora y sin que las asociaciones profesionales hayamos tenido la oportunidad de leer informe o valoración alguna sobre los efectos del Real decreto 35/2010, de 15 de enero, de ingreso, promoción y de ordenación de la enseñanza en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ahora se pretende modificarlo sin que existan motivos conocidos que justifiquen las enormes prisas que se están dando, con una ministra en funciones y en pleno verano, dado que la mayoría de los procesos de selección correspondientes al año 2019 están en marcha o a punto de iniciarse y los cambios que se produzcan no tendrán efecto alguno sobre los mismos.
Tras las denuncias efectuadas desde ASFASPRO durante las últimas semanas y las reiteradas solicitudes de audiencia con la ministra de Defensa, para hacerle comprender el daño irreparable que se va a infligir a los suboficiales, la única respuesta que hemos obtenido es de manifiesto desprecio e intransigencia, lo que nos hace pensar que una vez más van a primar los intereses particulares en detrimento del interés general de las Fuerzas Armadas y que los suboficiales seremos, como siempre, los daños colaterales de la actitud de “sostenella y no enmendalla” que viene rigiendo nuestra carrera militar durante casi treinta años.
Con el silencio cómplice de políticos y militares y en un entorno social en el que se denuncian constantemente cualquier tipo de ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos, la posible aprobación de estos dos reglamentos va a someter a un colectivo de casi treinta mil mujeres y hombres a una injusta situación de marginación y apartheid profesional, ignorando el mandato de la Ley, los dictámenes del Observatorio de la vida militar y de la Comisión de Defensa del Congreso y hasta los principios fundamentales de los ejércitos.
Pero no nos vamos a rendir, porque sabemos que la razón está de nuestra parte y que no todo lo que es legal es justo. Además, no es nada difícil comprobar que otra carrera profesional es posible, porque solo hace falta ver el respeto y la consideración que la misma Administración que nos ningunea tiene con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, en relación con su carrera profesional, sistemas de promoción interna y retribuciones.
Cuando las autoridades ministeriales no mantienen ese mínimo respeto, lealtad y consideración hacia unos subordinados que tenemos como una de nuestras principales obligaciones la entrega de nuestra vida en el cumplimiento de la misión, lo menos que se les puede exigir es que presenten su dimisión.
¿Acaso alguien puede tener la mínima duda de que este proceder pudiera ser factible en cualquier otro ministerio? De serlo, sería un escándalo denunciado por partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales y medios de comunicación. En un Estado de Derecho no debería ser tan difícil que sus gobernantes apliquen la misma vara para medir el valor humano y profesional de todos los servidores públicos.