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El chollo de la Universidad: 600.000 euros por impartir un curso 'online' a comisarios

08/11/2014 - El confidencial -

Las universidades han tenido que calentarse la cabeza para conseguir ingresos como sea durante los últimos años. La crisis económica y el descenso de la población juvenil han provocado una disminución de alumnos que ha incidido directamente en la cuenta de resultados de los centros. Los másteres y los cursos online han sido algunas de las alternativas financieras puestas en marcha para paliar esa reducción de ingresos.

En ese contexto, la Universidad Rey Juan Carlos firmó hace dos años un convenio con la Dirección General de la Policía para impartir un curso online de nueve meses a comisarios e inspectores jefe de la corporación. En ese tiempo, y tras abonar una matrícula de 3.000 euros, cada funcionario salía con el título de graduado en criminología, ya que la Universidad le convalidaba los cursos internos que realizan los policías para ascender como si fueran asignaturas de la citada carrera.

El pasado octubre comenzó la segunda edición del curso online con un centenar de mandos de la corporación, el mismo número que concluyó el seminario el año pasado. En total, 200 alumnos han pagado el coste de la formación en el tiempo que lleva funcionando la iniciativa, lo que supone un montante de 600.000 euros ingresados por el centro universitario en este periodo. La demanda de comisarios que necesitan sacarse el grado, además, es alta, ya que, para ocupar determinados puestos de la administración, la ley establece que el título supone un requisito indispensable y gran parte de los mandos no cuenta con el mismo.

Cosidó en la promoción de subinspector del Cuerpo Nacional de Policía. (Efe)Cosidó en la promoción de subinspector del Cuerpo Nacional de Policía. (Efe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 16 de julio, por ejemplo, el Juzgado número 1 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional anuló el nombramiento del subdirector general de la Inspección de Personal del Ministerio del Interior, el comisario José María Rodríguez Calderón, por no tener titulación universitaria. Hace dos años, el Juzgado número 9 del mismo tribunal ordenó cesar temporalmente al jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, por el mismo motivo. Ambas decisiones de la Audiencia Nacional fueron tomadas tras el recurso de un inspector del cuerpo, el mismo en los dos casos, que solicitó acceder a esos cargos.

Demanda de sobra

La obtención del grado, por lo tanto, impediría a muchos mandos sufrir recursos similares de funcionarios que pudieran argumentar que el que ocupa el puesto no cumple los requisitos exigidos. De ahí que en estos momentos haya demanda de sobra por parte de los jefes policiales para cursar el seminario online ofertado por la Universidad Rey Juan Carlos.

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. (Efe)Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. (Efe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, más de la mitad de los mandos del cuerpo carece de carrera universitaria, algo que quiere arreglar el director de la Policía, Ignacio Cosidó, con iniciativas como la de la Rey Juan Carlos, aunque también con la puesta en marcha de un centro universitario propio dentro de la corporación, proyecto que ya está en marcha a falta de que sea aprobado el plan de estudios. Este Instituto Universitario de Estudios Policiales, que así se llamará y que tendrá su sede en el complejo policial de Carabanchel (Madrid), adaptará los cursos de ascensos que actualmente se imparten en el cuerpo a las exigencias de la Agencia Nacional para la Evaluación y la Calidad (Aneca) y servirá para que los funcionarios que lleguen a la categoría de subinspector también puedan presumir de ser graduados.

Las arriba mencionadas decisiones de la Audiencia Nacional han supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y la Abogacía del Estado durante los últimos años. De hecho, la decisión de cesar al subdirector de la Inspección de Personal, Rodríguez Calderón, fue recurrida por el Ministerio del Interior, ya que era el único modo de que el alto cargo continuara en su puesto, algo que previsiblemente ocurrirá hasta que el comisario afectado se jubile, que será en un año y medio, debido a los lentos plazos jurídicos.

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