El acuerdo entre el PP y el PSOE, fundamental para sacar adelante el proyecto legislativo, se cerró después de que el partido del Gobierno  renunciara a sancionar a los miembros de los órganos de dirección de las asociaciones profesionales de guardias civiles por las decisiones que adoptaran y que pudieran incumplir el régimen disciplinario, según el diputado socialista Diego López Garrido. Esta posibilidad disciplinaria era una especie de inquietante espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de los dirigentes de esas asociaciones.

La nueva norma mantiene el arresto de hasta ocho días por faltas leves, pero no todas las faltas leves serán castigadas con arresto, según López Garrido. Este resaltó otras importantes novedades como que las sanciones disciplinarias tendrán que ser motivadas; que el arrestado puede solicitar el habeas corpus, lo que supone su inmediata puesta a disposición judicial; y, además, que el arrestado no podrá ser interrogado ni prestar declaración hasta 48 horas después de ser sancionado. Este castigo en ningún caso será cumplido en celdas, sino en la unidad en la que esté destinado el militar o el guardia civil afectado.

Según el portavoz socialista, se ha conseguido que los arrestos por falta leve se limiten sólo para la violación de las reglas esenciales de comportamiento, y en muchos casos será imposible imponer un arresto. La futura ley tiene "especial cuidado" en materia de igualdad de género y acoso sexual, de tal forma que incurrirá en falta grave cualquier militar que, teniendo conocimiento de una discriminación por razón de género, no curse la correspondiente denuncia.

El Régimen Disciplinario prevé también que las manifestaciones callejeras que convoquen los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, siempre que sea haciendo uso de su condición militar, podrán ser suspendidas.