La Comisión de Defensa del Congreso ha debatido este martes, 29 de septiembre, varias proposiciones no de Ley, entre las que destacan la relativa a la adopción de medidas para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas y la relativa a que los enfermos de coronavirus (COVID-19) de entre los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan participado en todo tipo de actividades de contención de la pandemia y lucha contra la misma, sean reconocidos como infectados y, en su caso, fallecidos en acto de servicio o como consecuencia del mismo.
ORDEN DEL DÍA
- Relativa a la adopción de medidas para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas.
La exigencia Académica para entrar en las Academias militares ha subido sin cesar desde el año 2010 en todos los Cuerpos Militares sin excepción, una progresión que, sin embargo, ha sido desigual. En los primeros años de esta última década son los Cuerpos Generales del Ejercito del Aire y de Infantería de Marina los dominadores, situación que se mantiene hasta el año 2015. La Guardia Civil estaba incluso en algún periodo por debajo del Cuerpo General de la Armada. Desde al año 2016 la situación ha cambiado siendo el Cuerpo de la Guardia Civil el que se lleva a los mejores opositores.
Sin entrar a valorar el oportunismo, las actitudes violentas o la intención política de muchas de las acciones que se están produciendo, estamos asistiendo durante estos últimos meses a movilizaciones y protestas en casi todos los países occidentales para denunciar el racismo intrínseco puesto en evidencia en algunas actuaciones policiales que derivaron en la muerte de hombres “afroamericanos” en los Estados Unidos de América.
De manera firme y contundente, ciudadanos, deportistas, partidos políticos y muchas organizaciones civiles se manifiestan contra el racismo, la segregación, la desigualdad social o la falta de oportunidades de las minorías. En la misma línea, en España también son habituales los actos o declaraciones de representantes de grupos políticos, medios de comunicación y ciudadanos en general denunciando cualquier tipo de desigualdad de trato, xenofobia o exclusión social que sobrepasen los principios básicos de un estado de derecho o los que establece la propia Constitución Española.
Los militares estamos de enhorabuena, a las capacidades ya demostradas (descontaminación de locales, montaje de hospitales, asistencia sanitaria, traslado de cadáveres, transporte logístico, seguridad de centrales nucleares, vigilancia de fronteras…) durante los primeros meses de pandemia, dentro y fuera de la Operación Balmis, se une ahora una nueva capacidad: las Fuerzas Armadas pueden aportar en caso necesario 2.000 rastreadores para la identificación de positivos en COVID-19 que han realizado el preceptivo curso de formación1. Es una auténtica ganga para el Estado disponer de personal cualificado, versátil en capacidades de alta demanda en tiempos de crisis, disponible a cualquier hora, cualquier día de la semana todas las semanas del año, disciplinado, que cumple órdenes de forma natural… y encima barato, muy barato, puesto que es desde hace muchos años el personal peor pagado de la Administración. Así se evita tener que pagar, cuando los profesionales de la salud inciden en que “es un trabajo y como tal debe ser remunerado”2.
La tarea del rastreador no es fácil, y debe disponer de formación adecuada para poder establecer contacto –personal o telefónicamente- con personas de toda índole y condición. Debe estar preparado para comunicar con ellas e interrogarlas sobre aspectos muy personales, por lo que para tener éxito es indispensable –además de conocimientos sobre la enfermedad- una gran profesionalidad, empatía y un dominio del lenguaje que permita establecer una relación agradable y positiva entre el “interrogador” y el presunto infectado. Porque se trata de realizar un interrogatorio con resultados verdaderos, y el mero hecho de establecerlo puede ser visto, si no se realiza con tino, como algo agresivo por quien recibe la llamada. En definitiva, es un puesto de responsabilidad, de profesionalidad, que realizarán de nuevo con eficacia los militares.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia que el Ministerio de Defensa debe abonar la totalidad de la Indemnización por Residencia a un suboficial destinado en Ceuta durante el tiempo de disfrute de la reducción de jornada por cuidado de un hijo mayor de edad con discapacidad y necesitado de especial protección.
De este modo, el TSJM, acogiendo las tesis mantenidas por el Gabinete Jurídico de ASFASPRO reitera y mantiene su doctrina, como ya hiciera en ocasiones anteriores, con respecto a reclamaciones por cuidado de hijos menores de 12 años de otros socios de Ceuta y Melilla a los que también se les venía detrayendo durante años parte de la indemnización de residencia que cobraban.
ASFASPRO, AUME, ATME y UMT presentan queja al Defensor del Pueblo para instar al Gobierno a ejecutar la actualización de las paupérrimas retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, dignificándolos, en consonancia por lo señalado por los grupos parlamentarios en el Congreso.
El personal militar está harto de que su trabajo y profesionalidad, que conllevan grandes sacrificios personales y familiares, junto a una disponibilidad permanente para el servicio, no tengan un reflejo justo en sus retribuciones. Las asociaciones profesionales, que los representan, se sienten ninguneadas y engañadas desde la propia cúpula ministerial.
Publicadas las convocatorias de los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares:
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
- Resolución 452/38153/2020, de 10 de junio, de la Subsecretaría, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera al Cuerpo Jurídico Militar, al Cuerpo Militar de Intervención, al Cuerpo Militar de Sanidad con titulación universitaria previa y al Cuerpo de Músicas Militares de las Fuerzas Armadas.
La Sentencia de 26 de abril de 2018 del Tribunal Supremo, declaró la nulidad del Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre1.
El Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre2, recogía el acuerdo del Pleno del Consejo de Personal, de fecha 24 de marzo de 2015, -producto de una propuesta de ASFASPRO- de incluir a un representante de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas con representación en el Consejo de Personal en la Junta de Gobierno del ISFAS. Tras su anulación este representante desapareció, volviendo a la situación anterior.
Este Día de las Fuerzas Armadas será recordado durante mucho tiempo por las tristes circunstancias en que lo celebramos, saliendo de una crisis sanitaria de alcance mundial. Una crisis en cuya solución los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas hemos jugado un papel importante desde el primer momento, codo con codo con otros colectivos profesionales. En estos aciagos momentos queremos tener un sentido recuerdo para aquellos compañeros y para aquellos compatriotas a quienes se ha llevado la enfermedad. Un fuerte abrazo para sus familiares, a cuyo lado estamos compartiendo su dolor.
La crisis del COVID-19 ha permitido que la sociedad española haya visto a los miembros de los tres ejércitos y la Unidad Militar de Emergencias desarrollando mil tareas necesarias por todos los rincones de la geografía nacional: equipos de descontaminación NBQ en residencias de mayores, aeropuertos y en todo tipo de instalaciones; unidades habilitando hospitales de campaña desde IFEMA a Sabadell; unidades logísticas realizando transportes por tierra y por aire, de equipos de protección y de cadáveres; un barco hospital apoyando a Melilla; patrullas en las fronteras y controlando las calles; el centro de farmacia elaborando fármacos…
La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, ASFASPRO, observa con estupefacción cómo se dispara la brecha retributiva que los separa de las FCSE, tras el anuncio del ministro Marlaska.
La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas denuncia el doble rasero con que se trata al personal que ha dedicado sus esfuerzos a solucionar la crisis sanitaria provocada por el COVID-191.
El presidente del Gobierno y algunos de sus ministros han afirmado que “nadie va a quedar tirado” o “nadie va a quedar atrás” tras esta crisis. Se acaba de aprobar 247 millones de euros para mejorar las nóminas de las FCSE, se trata del tercer aumento que reciben con el que verán aumentadas sus retribuciones en un 20% cumpliendo el acuerdo de 2018. Mientras tanto los militares siguen mal pagados, olvidados, ninguneados e ignorados por el Ministerio de Defensa y por el propio Gobierno de la Nación y sólo se les dedican muchas palabras de agradecimiento.