El texto de reforma que ha presentado el Gobierno establece en su articulado que "no se interpretarán como actividades prohibidas en esta ley la cooperación militar y participación en operaciones militares por el Estado, su personal militar o sus nacionales con otros Estados que no sean parte de la Convención de Municiones en Racimo y utilicen este tipo de armas".

   Pero PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Compromís coinciden en proponer un texto alternativo en el que consideran que "el Estado español, su personal militar o sus nacionales podrán cooperar militarmente y participar con otros Estados que pudieran desarrollar actividades que están prohibidas en esta ley, pero en ningún caso participarán con otros Estados en operaciones militares que incluyan, en cualquiera de sus fases, la utilización de bombas en racimo".

   Otra de las enmiendas en las que coinciden los grupos parlamentarios es la referida al artículo 2, que versa sobre la prohibición total del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona y bombas de racimo.

PROHIBIR LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS CON ESTE TIPO DE ARMAS

   Todos los grupos están de acuerdo en la redacción de la primera parte sobre la prohibición del "empleo, desarrollo, producción, adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación a cualquiera, directa o indirectamente, de las minas antipersonal, municiones en racimo, bombetas explosivas, armas de efecto similar y otros tipos de armas convencionales".

   Sin embargo, el PSOE y ERC consideran que hace falta un párrafo adicional en el que también se especifique la prohibición de "la financiación, directa o indirecta, de proyectos que tengan como finalidad cualquiera de las actividades que figuran en el párrafo anterior, incluso cuando las empresas o entidades beneficiarias estén radicadas o realicen esas actividades en terceros países que no hayan ratificado la Convención sobre minas antipersonal o la Convención sobre municiones en racimo".

   Izquierda Plural también opina que esta prohibición debe extenderse a "las empresas o entidades beneficiarias de la financiación estén domiciliadas o realicen actividades en el territorio de un Estado que no ha ratificado" ambas convenciones.

   Tanto este grupo parlamentario como el diputado de Compromís, Joan Baldoví, proponen otra adición para que, en caso de que el beneficio obtenido por alguna empresa por realizar una actividad prohibida sea mayor que la cuantía de la multa, "dicha cuantía se incrementará hasta cubrir la cifra completa del beneficio obtenido".

OBLIGACIÓN DE INFORMAR

   En lo que se refiere al artículo 3, en el que se establece que las empresas que hayan sido productoras de minas antipersona y/o municiones de racimo deben informar al Ministerio de Defensa del total de estas armas que les pertenezcan o tengan, el texto propuesto por el Gobierno añade que las citadas empresas "informarán, si procede, sobre la situación y el avance de los programas de reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción de las armas prohibidas en esta ley".

   En la única enmienda que ha presentado el PNV, los nacionalistas consideran que se debe eliminar de esta última parte la expresión "si procede" para que las empresas estén obligadas a informar de los programas de reconversión o cierre.

   ERC también ha presentado una serie de enmiendas parciales, la mayoría similares al contenido de la enmienda a la totalidad que ya fue rechazada por el Pleno del Congreso y que proponía un texto alternativo al proyecto de ley.

   Aunque en las nuevas enmiendas la formación republicana ya no propone un modelo alternativo de Fuerzas Armadas que disminuya sus efectivos en tropa y marinería y que reduzca a la mitad la capacidad armamentística, sí plantea añadir al proyecto una disposición adicional que establezca que las maniobras o desfiles militares fuera de las instalaciones del Ejército sean "explícitamente autorizadas por los municipios perjudicados".

   También cree que el Ministerio de Defensa debe "abonar al ayuntamiento los desperfectos o perjuicios que ocasionen así como el gasto realizado en suministros como agua o electricidad o cualquier otro concepto estipulado en el acuerdo de realización de las maniobras o desfiles".