En primer lugar ha intervenido la doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense María Angustias Caracuel, quien también es la presidenta de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad Defensa y ha especializado su carrera profesional a "trabajar por la seguridad y defensa de España".

   El catedrático de Sociología de la UNED, Miguel Requena, ha sido el segundo en intervenir y ha defendido que el "grueso" de su experiencia profesional lo ha dedicado a la universidad, sobre todo en docencia e investigación. También es director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, que está patrocinado por el ministerio y tiene como objetivo "contribuir a la difusión de la cultura de la defensa en la sociedad civil".

   A continuación ha sido el turno del catedrático de Derecho Administrativo Lorenzo Martín-Retortillo, especialista en materia de Derechos Humanos y, como tal, es autor de numerosos trabajos sobre los derechos fundamentales, entre los que ha destacado algunos sobre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de la Ley de Partidos Políticos.

   El último en intervenir ha sido el almirante retirado Juan Carlos Muñoz-Delgado, quien ha expuesto toda su trayectoria en la Armada, primero sus 15 años como oficial, después los 17 como oficial superior y sus últimos 10 años como almirante.

RETICENCIAS DEL PNV

   Todos los grupos parlamentarios han manifestado la idoneidad de los candidatos propuestos, a excepción del portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, quien no ha intervenido tras la presentación de Lorenzo Martín-Retortillo porque no le parecía "correcto" entrar en un debate en esta comisión sobre la sentencia de Estrasburgo acerca de la Ley de Partidos, con la que su formación política no está de acuerdo.

   Para Bildarratz, es una "contradicción" que Martín-Retortillo destaque su especialidad en materia de Derechos Humanos si al mismo tiempo respalda la decisión del tribunal europeo avalando la citada ley. Por ello, ha dicho que su grupo aún tiene que definir su posición con respecto a este candidato al Observatorio de la vida militar, que se conocerá en la votación del jueves en el Pleno.

   Los otros cinco aspirantes a formar parte del Observatorio serán designados por el Congreso y son el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre Virgilio Sañudo; el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Mariano Casado; la catedrática de Derecho Constitucional y de la Universidad de Valladolid y miembro de la Junta Electoral Central Paloma Biglino; Víctor Torre de Silva y López de Letona, que ha ejercido como miembro Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado; y Ramón Companys, exdiputado y exsenador de CiU encargado de asuntos de Defensa, además de exalcalde y expresidente provincial.

ÓRGANO ASESOR Y CONSULTIVO

   Todos ellos comparecerán este miércoles a partir de las 10.00 horas ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja, como ha ocurrido hoy en el Senado, y serán ratificados por el Pleno en próximas fechas, seguramente la semana que viene. Los nueve candidatos fueron propuestos a mediados de septiembre tras un acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios de PP, PSOE, CiU y la Izquierda Plural.

   El Observatorio de la vida militar es un órgano de carácter asesor y consultivo, creado en el marco de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que estará adscrito a las Cortes Generales y cuya labor será el "análisis permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas", según consta en la citada ley.

   Entre otras funciones, deberá efectuar propuestas de actuación sobre el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los miembros de las Fuerzas Armadas; elaborar informes y estudios sobre el régimen de personal y las condiciones de vida de las Fuerzas Armadas; proponer medidas que favorezcan la conciliación de la vida profesional, personal y familiar de los militares; y promover la adaptación del régimen del personal militar a los cambios que se operen en la sociedad y en la función pública.