Es más, considera que el proyecto "estrecha y fortalece el vínculo entre los principios generales del derecho y el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas", por lo que ha pedido consenso a los grupos parlamentarios a la hora de tramitar la norma, ya que ve adecuado que leyes como esta, que regulan la labor de aquellos que sirven a la nación, han de ser aprobadas por "amplia mayoría".

SANCIONES ECONÓMICAS Y MANTENIMIENTO DEL ARRESTO

   Entre las novedades que presenta el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas se encuentra la incorporación de las sanciones económicas para las faltas leves y graves, una pérdida de retribuciones que puede llegar hasta los 15 días, e incluye una nueva catalogación de las faltas como leves, graves y muy graves, frente a la anterior, que sólo las dividía en leves y graves.

   El proyecto mantiene el arresto para todo tipo de faltas. El ministro ha justificado la conveniencia de mantener este castigo por ser "una medida de indiscutible eficacia para el restablecimiento inmediato de la disciplina" que, además, existe "en la mayor parte de los países del entorno", entre los que ha citado Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido o Brasil.

   No obstante, se limita su duración máxima desde los 30 hasta los 14 días para las faltas leves, y de los dos meses a los 30 días para las graves. Asimismo, se mantiene el arresto de un máximo de 60 días para las faltas muy graves.

   El mantenimiento del arresto es una de las cuestiones más criticadas por la mayoría de grupos parlamentarios. Para la portavoz de UPyD, Irene Lozano, esta es una "demostración de la baja consideración que tiene el Gobierno" hacia los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que le parece una medida "arcaica" que debería ser "desterrada" del ordenamiento jurídico.

   En su opinión, esta ley se presenta "para mantener la prerrogativa y el abuso de poder", pero considera que "no se puede tener un Ejército moderno y profesional y no reconocer a sus miembros derechos y libertades". "Tener un Ejército para las obligaciones y no para los derechos no es de recibo", ha añadido.

   El ponente socialista, Diego López Garrido, ha criticado que la nueva norma continúe estableciendo el arresto para las faltas leves. A su juicio, se trata de una medida "contradictoria" que no va a hacer más "eficaz" el funcionamiento de la institución, de modo que ha anunciado que una de sus enmiendas estará orientada a la desaparición de este castigo.

LOS GRUPOS CRITICAN "IMPRECISIÓN" Y "AMBIGÜEDAD"

   Los grupos parlamentarios también han puesto de manifiesto sus discrepancias con la catalogación de las faltas en el proyecto de ley. La diputada de UPyD ha hablado de "imprecisión y vaguedad", mientras que los portavoces de CiU y PNV, Feliu-Joan Guillaumes y Joseba Andoni Agirretxea, respectivamente, han criticado la "ambigüedad" del texto en este sentido.

   Por ello, han adelantado que, aunque no han presentado enmiendas a la totalidad, no están de acuerdo con parte del contenido del proyecto, por lo que parte de las enmiendas parciales que presentarán estarán destinadas a ofrecer una mayor concreción en la catalogación de las faltas.

   El portavoz de Defensa del Grupo Popular, Vicente Ferrer, que ha utilizado el turno en contra a las enmiendas a la totalidad, ha apoyado el argumento del ministro al poner como ejemplo a países "poco sospechosos de autoritarismo" que mantienen este tipo de castigo. En su opinión, el arresto no es una medida "caprichosa" del Gobierno, sino que "constituye el último recurso para preservar" bienes que poseen las Fuerzas Armadas como es la "disciplina".

   En lo que respecta a la catalogación de faltas, Ferrer ha admitido que en el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta norma se aconseja una mejor concreción, pero ha dejado claro que el proyecto es "escrupulosamente respetuoso" con la Constitución. Eso sí, ha tenido la mano a los grupos parlamentarios para alcanzar acuerdos sobre aportaciones que puedan mejorar el texto.

IU DENUNCIA LA DISCIPLINA Y LA JERARQUÍA

   Por su parte, el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, ha justificado su enmienda a la totalidad porque no comparten "ni la forma ni el fondo" del proyecto de ley. Sobre todo, ha hecho hincapié en el concepto de disciplina del texto, que ha dicho que le "retrotrae a otra época histórica" y "no tiene nada que ver con la justicia real". "Buscan disciplina y jerarquía por encima de la justicia", ha aseverado.

   Asimismo, ha recriminado al ministro que, aunque el proyecto de ley fue remitido a las asociaciones profesionales, no se produjo un "debate real" con éstas ni se les dio la opción de participar en la elaboración del texto.

   Por ello, considera que el proyecto debe reelaborarse por completo y que su enmienda a la totalidad debe servir como "llamada de atención a la sociedad sobre los derechos de los militares". "No podemos admitir que los militares sean ciudadanos de segunda y que el Ejército sea una isla donde lo importante es la jerarquía y la disciplina", ha añadido.

   A este respecto, el portavoz 'popular' ha remarcado que los militares se someten voluntariamente a esa disciplina, ya que ha recordado que fue el Gobierno de José María Aznar el que suspendió el servicio militar obligatorio.

ERC PIDE EVITAR TENTACIONES CONTRA CATALUÑA

   Por su lado, el portavoz de ERC, Alfred Bosch, ha justificado su enmienda a la totalidad por el hecho de que la nueva norma no incluye  ninguna medida que evite cualquier "tentación agresiva" o contra planteamientos "incendiarios".

   En este sentido, ha puesto como ejemplo declaraciones del general Juan Antonio Chicharro o del eurodiputado del PP Alejo Vidal-Quadras, que justificaron una intervención en Cataluña para frenar la deriva soberanista. "¿Si aquellos que están mas sujetos a la disciplina dan un mensaje que está fuera del orden, qué harán los que no están sujetos a ella?", se ha preguntado.

   Además, el diputado republicano considera que con este proyecto de ley se "ha perdido una clara oportunidad para modernizar el Ejército español y demostrar que no se quedó en fechas pretéritas que todos queremos olvidar".

   En respuesta a Bosch, Ferrer ha explicado que "tanto el genocidio como la rebelión no son cuestiones disciplinarias, sino los más graves delitos que puede cometer un militar", por lo que esta ley no es la que tiene que recoger el castigo para ello.