Además, la norma que comenzará a debatirse mañana reduce a la mitad, hasta 30 días, la duración máxima del arresto por faltas graves e introduce como novedad la sanción económica por faltas leves, con una cuantía equivalente a la de entre uno y 15 días de salario. La norma llega al Congreso con casi un año de retraso, ya que la Ley de Derechos y Deberes, que entró en vigor el 1 de octubre de 2011, imponía al Gobierno enviar, en el plazo de un año, un proyecto de Ley de Régimen Disciplinario para reformar la actual.

El PSOE ha mostrado en varias ocasiones su rechazo al proyecto de ley, aunque, según ha confirmado a Atenea Diego López Garrido, portavoz en la Comisión de Defensa, el grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad porque considera "necesario" un nuevo régimen disciplinario. El grupo socialista presentará enmiendas al articulado, para solicitar, entre otros, que se suprima el arresto por faltas leves, algo que, según López Garrido, va contra el principio de proporcionalidad de las penas y "es absolutamente innecesario para el mantenimiento de la disciplina militar".

Además, el secretario general del Partidos Socialista Madrileño, Tomás Gómez, reclamó en abril, durante una visita al presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, que cumplía una sanción de un mes de arresto en el Centro Disciplinario de Colmenar, un régimen disciplinario que "apunte a lo que ocurre en otros países europeos y que apunte al futuro y no al pasado, como ocurre en este momento". Según Gómez, "el Ejército español está sometido a un régimen disciplinario que no es propio del siglo XXI y de una democracia plena ".

Izquierda Plural pide definir los comportamientos que "pueden ser merecedores de reproche disciplinario militar"

Para Izquierda Plural, mantener la sanción disciplinaria de arresto es "una de las líneas rojas que no pueden mantenerse en un proyecto moderno" porque supone mantener "la potestad exorbitante e injustificada de que una autoridad administrativa pueda privar de libertad a un ciudadano". El grupo destaca el "estrepitoso fracaso" de la fase de elaboración técnica del proyecto de ley y señala que en ella no ha habido una participación "real y efectiva" de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas. Así, éstas no han tenido la oportunidad de opinar "sobre una de las normas más transcendentes" para el estatus de plena ciudadanía del militar y para eficaz cumplimiento de la misión que la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas.

"Es insostenible que se pueda privar de libertad a un ciudadano por la presunta comisión de una falta leve a través de un procedimiento oral, en el que la autoridad disciplinaria ejerce las funciones de conocedor de los hechos, investigador de los mismos, y de órgano que dicta la resolución sancionadora", insiste en su enmienda Izquierda Plural, que destaca que, en el caso de faltas graves, "la regulación del derecho de defensa es manifiestamente insuficiente y aún se parte de que el militar puede tener una defensa distinta al resto de los ciudadanos".

La enmienda del grupo concluye que hay "más de 249 acciones y omisiones susceptibles de ser considerados como ilícitos disciplinarios", un "auténtico disparate" que hace necesario que se definan, a través de una simplificación y reducción de los mismos, "qué comportamientos son o pueden ser merecedores de reproche disciplinario militar".

Por su parte, ERC subraya "ambigüedades" y "carencias" en el texto, en el que, según el grupo catalán, se establece la misma sanción a "estar borracho o negarse a someterse a reconocimiento médico y realizar delitos sexuales, obstaculizar gravemente las libertades públicas y derechos fundamentales o el proselitismo de la realización de un golpe de Estado". Además, ERC pide que se incluyan "medidas tajantes para evitar cualquier conato" de golpe de Estado.

UPyD: el proyecto mantiene "viejas raíces de la disciplina militar"

Unión Progreso y Democracia subraya en su enmienda que coincide con "las propuestas de las asociaciones militares" y solicita eliminar el arresto por faltas leves; que los órganos sancionadores no sean unipersonales; que el encargado de instruir un expediente disciplinario tenga conocimientos en legislación, ya que tiene potestad para establecer una pena privativa de libertad; y que el procedimiento por falta leve sea por escrito, y no oral como lo es hasta ahora.

El grupo liderado por Rosa Díez insiste en que "nada ha cambiado" en el nuevo proyecto, que sigue permitiendo, como la norma vigente, "que, en tiempos de paz y normalidad democrática, se pueda sancionar con privación de libertad a un militar sin un juicio previo celebrado ante un juez independiente con todas las garantías". Es, según UPyD, un "concepto arcaico de disciplina militar".

UPyD recuerda en su enmienda que, en la ley vigente, la sanción por falta leve recoge la posibilidad de imponer un arresto de 1 a 30 días, una medida que el Estado Mayor del Ejército de Tierra era partidario de mantener. Por eso, según UPyD, "el inmovilismo y el mantenimiento de muchas de las viejas raíces de la disciplina militar del anterior régimen parecen seguir instalados en el espíritu" del texto, en el que parece que la intención es "lanzar un código o mensaje sobre el fuerte castigo al disenso y a las posibles críticas de la gestión del mando".

La nueva norma "desprotege" a los representantes de las asociaciones militares, para los que, según UPyD, se debería haber establecido "una cierta salvaguardia" para que no estén tan expuestos a sanciones y arrestos "con motivo del ejercicio de sus funciones al frente de las asociaciones". Así, aunque el grupo entiende "perfectamente" que ningún militar deba hacer manifestaciones ni reivindicaciones "desde su posición en la institución", insiste en que los miembros de las Fuerzas Armadas "deben poder ejercer sus derechos cívicos como ciudadanos de pleno derecho que son, abandonando esa sensación histórica de ser tratados como españoles de segunda o tercera categoría".