La Secretaría General Técnica del Departamento que dirige Pedro Morenés no tuvo en cuenta estas consideraciones del Ejército de Tierra, argumentando, en el primero de los casos (el relativo al arresto por falta leve), que "el estudio de la legislación extranjera, la experiencia del derecho español (supresión del arresto en la Guardia Civil) y la realidad de las Fuerzas Armadas, si bien hace necesario el mantenimiento del arresto por faltas leves, aconseja atenuar su extensión al fijar el límite máximo de una sanción que implica la privación de libertad".

Por otro lado, también desestimaba la consideración del Estado Mayor del Ejército de mantener la sanción máxima de arresto por falta grave, puesto que, "al atribuir a los oficiales generales con mando o dirección sobre la fuerza, unidad, centro u organismo la competencia para sancionar faltas graves, se hace aconsejable limitar la extensión máxima del arresto hasta 30 días, que, no olvidemos, implica privación de libertad", argumentaba la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa.

Tanto las consideraciones del Estado Mayor del Ejército como los argumentos esgrimidos por Defensa para rechazarlas están recogidos en el texto del Dictamen que el Consejo de Estado emitió el pasado 4 de abril (al que ha tenido acceso ATENEA) en relación con el proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que le remitió el Departamento que dirige Pedro Morenés.