La Cámara insta así al Ejecutivo a sustentar esta política de tolerancia cero a través de la elaboración de un protocolo, previa consulta y consenso con los grupos parlamentarios para la prevención de las posibles conductas de acoso, la protección a la víctima, desde el establecimiento de los canales de comunicación y de los procedimientos adecuados que garanticen sus intereses legítimos y salvaguarden su identidad y carrera profesional, así como el establecimiento de medidas contra el infractor.

Se contemplarán, añade, medidas preventivas, de información, formación y sensibilización, así como la realización de estudios y análisis; de protección de la víctima, de apoyo y asistencia, y de protección de sus derechos, incluyendo las medidas de movilidad que resulten oportunas, así como la confidencialidad y salvaguarda de sus derechos legítimos evitando cualquier tipo de represalias; y de seguimiento y control de los casos, del personal implicado y de las medidas adoptadas.

Asimismo, pide que las actuaciones administrativas correspondientes sean supervisadas por unidades específicas de un órgano especializado externo a la cadena de mando; y que la persona responsable de la Subsecretaría de Defensa comparecerá anualmente para informar sobre la política de personal del Ministerio, dedicando un apartado de su exposición a la política de prevención y la aplicación del protocolo de lucha contra el acoso sexual, por razón de sexo y el profesional que se derive de ellas.

Plantea interesar, asimismo, por parte de las Cortes Generales, al Observatorio de la Vida Militar, la realización de un estudio específico sobre la situación de medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de represión de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas, con análisis de derecho comparado sobre esta materia y la elaboración de recomendaciones; así como incluir entre los parámetros de dicho observatorio los relativos a la situación de acoso sexual, laboral y profesional en el seno de las Fuerzas Armadas.