Con una de las enmiendas se amplían las garantías procesales para los militares destinados en buques de guerra que, si bien ya estaban contempladas de forma genérica en el proyecto, se ha considerado oportuno especificar para evitar cualquier posible indefensión.

Según la nueva redacción, durante la navegación de buques de guerra o en otras circunstancias excepcionales en las que no resulte posible la presencia de abogado, se garantizará en todo caso al presunto infractor el asesoramiento y la asistencia de un militar de su confianza de la unidad o buque.

Además, se le facilitará la posibilidad de contactar por vía telefónica o telemática con un abogado de su elección que le asesore, "siempre que las circunstancias lo permitan", precisa el texto.

La otra enmienda suprime por redundante un párrafo del artículo 69 sobre los órganos a los que deben dirigirse los recursos de alzada, porque ya se especifica con anterioridad en el proyecto de ley.

Tanto el portavoz del PP en la Comisión de Defensa, Ricardo Canals, como el del PSOE, Enrique Abad, se han felicitado por el "alto grado de consenso" alcanzado y han destacado el avance que supone para la modernización de las fuerzas armadas.

Canals ha subrayado que el régimen disciplinario constituye uno de los pilares básicos de la organización militar y ésta de la defensa nacional que, ha recalcado, es una "cuestión de Estado" y, como tal, requiere del máximo nivel de consenso.

El portavoz popular ha reconocido la labor de los socialistas y se ha mostrado convencido de que el proyecto de ley mantiene el equilibrio entre la disciplina y la salvaguarda de los militares.

Para el PSOE, con la nueva norma se da un segundo impulso a la modernización de las fuerzas armadas, tras el conseguido paulatinamente a raíz de la aprobación en 1978 de la Constitución.

Enrique Abad ha alabado al PP que, según ha dicho, "ha sido inteligente, ha reflexionado y ha sacado su perfil de Estado" al haber reformado el texto que remitió el Gobierno a las Cortes.

No obstante, ha precisado que se podría haber mejorado aún más en algunas cuestiones, como por ejemplo, no mantener el arresto para las faltas leves, aunque ha reconocido que se acota su alcance y existe un control judicial, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad.

Al proyecto de ley se han presentado en el Senado dos vetos y 228 enmiendas parciales, al margen de las dos pactadas por PP y PSOE, que no han salido adelante.

De acuerdo con el preámbulo, el principio general que preside esta ley orgánica, que sustituirá a la de 1998, es el equilibrio entre las garantías básicas del infractor y las prerrogativas de la administración, sin olvidar que la atribución de la potestad disciplinaria se justifica como salvaguardia del interés público y defensa de los valores esenciales de las fuerzas armadas.