Los militares, según el proyecto de ley en el Senado, podrán participar en la convocatoria de aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad.

No se les aplicará los criterios que al resto de los funcionarios para promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la Administración civil. 

Una "cacicada" 

Los sindicatos han acusado al PP de hacer una “cacicada” introduciendo por la puerta falsa a los militares. CCOO consideró que era “intolerable” que se abran plazas para que militares de carrera pasen a desempeñar puestos para funcionarios civiles. “No han establecido –añaden- ni tipo de plazas, ni han hecho una justificación y se plantea un régimen mixto exclusivo y excepcional tanto en movilidad como en el régimen laboral para los que presten sus servicios en la Administración Civil”. CCOO cree que esta es una nueva figura en el derecho administrativo español “que podría ser contrario al ordenamiento jurídico”.

Consideran que el Gobierno ha renunciado a estabilizar y dignificar el empleo del personal militar “buscando salidas que alivien el malestar de las plantillas y quieren militarizar la Administración Civil en organismos como protección civil y las policías locales”. UGT también ha sido crítica con esta medias y ha emplazado al Gobierno para que abra la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Satisfacción por una retirada

Por otra parte, tanto CCOO como UGT han expresado su satisfacción por el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular haya retirado las enmiendas relativas a la regulación de la figura de los denominados "indefinidos no fijos" en el Proyecto de Ley de Racionalización y Ordenación del Sector Público. La norma podría afectar a cerca de 50.000 trabajadores del sector público que podrían haber sido despedidos con muchas facilidades.

Los sindicatos preparan movilizaciones para el próximo día 11 de julio para exigir al Gobierno del PP que negocie las medidas que afectan a los trabajadores de la Administración con sus representantes. “Estamos hartos de las imposiciones”, dijo un miembro de UGT. Si no abren una Mesa insistirán a la vuelta de vacaciones “hasta que se reconozca de manera efectiva el derecho a la negociación colectiva en el sector público”, según reconoció un sindicalista a Vozpópuli.