Así, el portavoz de Defensa del PSOE, Diego López Garrido, ha destacado que, a partir de esta ley, las sanciones tienen que estar motivadas y habrá además un control judicial sobre las mismas.

Ha recalcado además que se ha introducido la posibilidad de que el militar arrestado pueda solicitar inmediatamente la intervención de un juez, lo que ha considerado un avance "sustantivo".

El portavoz de Defensa del PP, Vicente Ferrer se ha felicitado por el amplio acuerdo en torno a esta ley, que se ha adaptado a legislación nacional e internacional y a la presencia de la mujer, y cuenta con una regulación específica para el personal en el exterior.

Al acuerdo que ha suscitado la norma se ha referido asimismo el portavoz de CiU, Feliu Joan Guillaumes, quien ha remarcado que, pese a que no es su ley, su grupo la apoya. El Pleno ha rechazado hoy las más de 50 enmiendas presentadas por CiU.

En contra de la ley se han pronunciado Joan Tardá, de ERC, José Luis Centella, de IU, e Irene Lozano, de UPyD. Estos dos últimos han criticado el régimen de arrestos y sanciones que, para Lozano, es "único e insólito" porque "se puede privar a la gente de libertad por la vía administrativa", y para Centella, "considera a los militares ciudadanos de segunda".

Entre las principales novedades de esta ley orgánica figura la introducción de la sanción económica de uno a quince días y la reducción a la mitad las sanciones máximas de arresto: de treinta a catorce días por faltas leves y de dos meses a treinta días por faltas graves.

Se restringen además las penas de arresto por comportamiento y se introduce un nuevo procedimiento de control judicial al reconocer la figura del "habeas corpus" (puesta a disposición judicial inmediata).

Asimismo en su trámite en la Comisión de Defensa, con el acuerdo de PP y PSOE, se retiraron puntos relacionados con la Guardia Civil, referidos a la participación de miembros de la Benemérita y de las Fuerzas Armadas en concentraciones y protestas.