La exigencia académica para entrar en las academias militares ha subido sin cesar desde el año 2010 en todos los cuerpos militares sin excepción, una progresión que, sin embargo, ha sido desigual.

En los primeros años de esta última década los dominadores son el Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio y el Cuerpo de Infantería de Marina, situación que se mantiene hasta el año 2015. La Guardia Civil estaba incluso en algún periodo por debajo del Cuerpo General de la Armada. Desde al año 2016 la situación ha cambiado siendo el Cuerpo de la Guardia Civil el que se lleva a los mejores opositores.

Este año 2023 la situación es incluso más grave, pues la tendencia creciente en las notas de corte ha acelerado su crecimiento mientras en los ejércitos disminuye. La nota de Infantería de Marina es loable pero engañosa pues no hablamos de 600 cadetes como en el Ejército de Tierra sino de 16.

¿Qué ha cambiado en este periodo de tiempo? No es difícil de adivinar. La Guardia Civil ha mejorado sus condiciones económicas, sociales y profesionales. Mejores sueldos, mejor percepción de sus profesionales y mejor perspectiva de carrera.

ASFASPRO ya ha denunciado esta situación (promoción, sueldos, reconocimiento de la formación, alojamientos,etc.) en repetidas ocasiones, y la respuesta ha sido la inacción de los Cuarteles Generales que ignoran la situación y ocultan la realidad en el Consejo de Personal, al que controlan, convirtiéndole en un órgano ineficaz y poco democrático.

Vayamos a un pasado no muy lejano para explicar, de nuevo, lo que ha ocurrido sin que la Ministra de Defensa que preside el Consejo de Personal haga muy poco o nada para mejorar realmente las condiciones sociales, económicas y profesionales de sus soldados.

En mayo del año 2005 un Ministro de Defensa, José Bono, reclamó «complicidad social y del Parlamento» para acometer una mejora en los salarios de los militares y los miembros de la Guardia Civil. Lo hizo poniendo por delante ejemplos: los 1.300 euros mensuales que cobraba un Brigada del Ejército de Tierra con 21 años de antigüedad, o los 789 de un Soldado con seis años de servicio, que comparó con el sueldo de un Mosso de Esquadra (hijo de un Brigada), que percibía bastante más que su padre y más del doble que un Soldado, unos 1.600 euros, desde el momento de su incorporación al cuerpo. ¿Por qué el ministro Bono comparaba las retribuciones de las Fuerzas Armadas con las de las Fuerzas de Seguridad sin ningún problema y ahora la ministra Robles huye de este balance? Si esta no es la referencia, la comparación con otros ejércitos de nuestro entorno, similares o más avanzados no trasladarían a una diferencia aún mayor.

Hoy en día,18 años después de Bono, tras informes del Observatorio de la Vida Militar y de la Comisión de Defensa del Congreso, tras repetidas manifestaciones de militares, informes del Ministerio de Defensa irreales, un minúsculo incremento en 2021 -entre 17€ y 78€ mensuales, según empleo y puesto ocupado- y una comisión de trabajo (que resultó ser una tapadera obstruccionista de 2 años del Consejo de Personal) , un Soldado raspa los mil euros y un Guardia Civil recién egresado y tras superar un curso de nueve meses gana más no que un Brigada, sino que un Subteniente de las Fuerzas Armadas con más de 30 años de servicio o que un Teniente egresado tras superar cinco años de carrera en las academias militares. Las diferencias en el resto de los empleos son también escandalosas excepto, claro está, en la cúpula de los Cuarteles Generales.

Las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España, ¿por qué para la negación de sus mejoras económicas y profesionales se acomodan siempre en las diferencias hacia sus homólogos de las Fuerzas de Seguridad? El propio Tribunal Supremo ha afirmado en una de sus sentencias que “el peligro a que se expone un agente de policía no es mayor que el de un soldado”. ¿Acaso el trabajo del militar no tiene igual o más valor que el del policía? ¿La seguridad y defensa tiene una vara de medir diferente para unos y otros?

El Ministerio de Defensa está obligado a solucionar esta situación reconociendo mediante hechos fehacientes, sin distinciones de ninguna especie, el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial, una remuneración que proporcione un mínimo digno a los trabajadores y un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, cumpliendo así con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 que firmo y ratifico en 1977 sin que hubieranformulado reservas y declaraciones interpretativas a su aplicación. En particular lo que establece su artículo 7 sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que expone con claridad que un trabajo de igual valor ha de tener igual retribución^[1].

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los Ejércitos han de tener una equiparación salarial completa sin que unos cuerpos o fuerzas sean más que otros.

^[1] La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge 5 categorías diferentes de derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), con fecha de 16 de diciembre de 1966, desarrolla los tres últimos bloques de derechos.El Estado español se adhirió al Pacto en 1977 y fue el primer país de Europa en firmar su protocolo facultativo, en 2010