Sin que se pueda echar la culpa de todo a la crisis económica que hemos vivido, porque durante estas últimas décadas ha habido largos periodos de bonanza y estabilidad presupuestaria, lo cierto es que el régimen del personal de las Fuerzas Armadas está estigmatizado por la premisa (consciente o inconsciente) de equiparar al militar a un ciudadano de segunda, con menos derechos y muchas obligaciones. Solo así puede entenderse que a día de hoy siga sin reconocerse la singularidad de la profesión militar y que las especiales circunstancias de penosidad, peligrosidad y disposición permanente para el servicio, además de la continua movilidad geográfica, no lleven aparejadas unas retribuciones acordes con las exigencias de la profesión. Por el contrario, los militares estamos a la cola de todos los empleados públicos, hecho fácilmente constatable revisando los diferentes conceptos retributivos del personal de la administración central, autonómica o local, incluidos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Las mayores exigencias de formación, tanto de periodo académico como de titulación a adquirir; las numerosas guardias y servicios, especialmente realizados por los suboficiales y la tropa y marinería durante toda su carrera militar, y que les obligan a cumplir jornadas semanales que llegan a superar las 100 horas; los ejercicios tácticos o la permanencia en zona de operaciones, sin olvidarnos de las horas de vuelo o navegación, del manejo de armas y explosivos o la realización de otras tareas peligrosas que exigen una excelente condición física y que conllevan un progresivo desgaste psicofísico, tendrían que suponer mayores retribuciones y un reconocimiento social que solo se pone de manifiesto cuando asoma la fatalidad. Solo en esos momentos vuelven, temporalmente, los discursos grandilocuentes y las caras compungidas para pasar acto seguido a nuestro estado natural de olvido y discriminación. Lamentablemente, esta es una realidad que no se puede enmascarar ni con publirreportajes ni con visitas guiadas ni con desfiles.
Las nuevas declaraciones a un medio de comunicación del General Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, para quien “El deber militar excede a cualquier garantía, a cualquier derecho, hasta a los derechos humanos”1 resultan necesariamente preocupantes.
¿Pero no estamos en un estado de derecho?
Y la reciente comparecencia en el Senado de la señora ministra de Defensa2, en la que se escudaba en unas volátiles necesidades del servicio para justificar la falta de compensación de la gran cantidad de horas que exceden la jornada de trabajo establecida para los militares –que sufren estos y, en consecuencia, sus familias-, incumpliendo su propia orden ministerial y el resto de legislación al respecto, no hizo más que incrementar las dudas razonables sobre la consideración que las autoridades civiles y militares del Ministerio de Defensa tienen hacia su personal militar.
Esto pone de manifiesto lo fácil que le resulta a la Administración mantener la operatividad y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas a costa de retribuir con la satisfacción del deber cumplido a una parte muy significativa de sus componentes e ignorando, con excusas de mal pagador, la normativa que debería garantizar a los militares el cumplimiento de la misma jornada laboral que el resto del personal de la Administración, que no es otra que la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes.
Pero lo más grave es que tampoco se cumple la Orden DEF/1363/2016, de 28 de julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, la cual recoge claramente que se debe compensar al personal militar por el tiempo de trabajo que excede el de la jornada laboral. Claro que, es muy fácil que no se tenga sensibilidad hacia los subordinados cuando hace muchos años que no se realizan ese tipo de guardias y servicios o se han prestado durante un breve periodo de tiempo y se tiene garantizado todos los meses un jugoso complemento de dedicación especial o productividad que, curiosamente, no lo perciben los que las tienen que realizar. Si tampoco se les compensa por ese exceso de horas, la continuidad del mando y, por consiguiente, la operatividad y la seguridad de las unidades le sale gratis a la Administración y demasiado cara a los militares y a sus familias, porque se hace imposible la tan manida conciliación de la vida familiar y laboral que otros disfrutan sin problema alguno.
¿Por qué el director de un hospital asegura su funcionamiento 24 horas al día 7 días a la semana y el personal sanitario no tiene que realizar ninguna hora extra de más y si las hace le son retribuidas o compensadas?
¿Por qué el jefe superior de policía de cualquier ciudad asegura que en todo momento esté cubierto el servicio y esto no repercute en el sacrificio gratuito de los hombres y mujeres a su cargo?
¿Acaso se le discuten a un bombero de cualquier ayuntamiento los días de descanso a los que tiene derecho después de realizar una guardia de 24 horas?
¿Por qué el turno de los juzgados de guardia se mantiene y el Estado tiene suficientes recursos para compensar a jueces, secretarios, administrativos… las horas de las guardias?
¿Por qué?
Las respuestas a estas preguntas no pueden ser “el militar ya sabía dónde se metía”, “el deber militar” o “las necesidades del servicio”, porque ya vemos que el criterio es bien distinto cuando se trata de otros colectivos.
Los representantes de los grupos políticos, los ciudadanos en general y las distintas autoridades del Estado, tienen que ser conscientes de que los hombres y mujeres que se dedican profesionalmente a la milicia son eso, profesionales que merecen el respeto de la sociedad a la que sirven y a la que ofrecen sus desvelos, y que son tan ciudadanos como el resto de españoles, por lo que deben ser tratados con la misma dignidad que cualquier otro. No es admisible que en una sociedad democrática se aprovechen la disciplina, la jerarquía, los valores castrenses y la restricción que de algunos derechos impone la condición de militar para, con esta excusa, cercenarlos todos de raíz.
No pueden servir para convertir a nuestros militares en ciudadanos de segunda y servidores públicos de tercera. El militar tiene derechos que deben ser respetados, tiene derecho a una jornada laboral como el resto de empleados públicos (esto ya lo dice la ley, pero no se le aplica), tiene derecho a unas retribuciones justas que contemplen la singularidad de ofrecer su vida en el desempeño de su misión… en definitiva, tiene derecho a un trato digno. Y todavía en pleno siglo XXI hay quien se olvida de esto.
2 https://www.asfaspro.es/index.php/asfaspro/item/2270-comparecencia-comision-defensa-senado-ministra-defensa
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