La reciente cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, considerada por muchos como la más importante desde la “Guerra Fría”, ha generado infinidad de análisis de políticos y expertos, el inicio del cambio de estrategia de los países occidentales en su relación con Rusia y China y el compromiso del Gobierno de España para garantizar una adecuada financiación de la defensa nacional, llegando a un 2% del PIB antes de 2030. Eso sí, sin aclarar si una parte de ese incremento irá destinado a mejorar las retribuciones y la carrera profesional de los militares, que somos, no lo olvidemos, los que tenemos que utilizar y mantener el armamento, el material y las instalaciones, además de entregar nuestra vida en el cumplimiento de las misiones encomendadas si fuese necesario. Por lo demás, hay que significar que esta medida de aumento de gasto fue rechazada de plano por una parte del Gobierno en declaraciones públicas efectuadas por varias ministras.
Respecto a esta cuestión, ASFASPRO, como asociación profesional que cumple fielmente el mandato de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, no puede ni debe entrar en debates políticos que no le corresponden, pero sí responder educadamente y con argumentos cuando se vierten insultos y descalificaciones o, como sucede en la actualidad, se intenta distorsionar la realidad con información sesgada, medias verdades o minimizando el poder de representación de los que legítimamente se manifestaron en Madrid el pasado 25 de junio, solicitando el reconocimiento retributivo de la singularidad de la profesión militar. ¡Menudo delito!
DE REPRESENTATIVIDAD Y CORTINAS DE HUMO
Porque resulta sorprendente que en un país en el que la afiliación sindical entre los asalariados ronda el 13% (y no por ello se les niega la capacidad de interlocución a los sindicatos) y en el que se celebran multitud de manifestaciones a las que acude un porcentaje muy escaso de los colectivos afectados, la ministra de Defensa se atreva a descalificar, en una entrevista en el diario La Razón[i], a los militares profesionales que participaron en la citada manifestación del día 25 de junio, destacando que hay una mayoría de militares que no se manifiestan, como sí el mero hecho de reivindicar mejoras retributivas o profesionales sea sinónimo de “mal militar”, sofisma que forma parte del argumentario perverso que junto a la mención a los manidos valores militares y a la satisfacción del deber cumplido tratan de neutralizar cualquier intento de equiparación de los derechos laborales del militar profesional, no ya con otros servidores públicos, sino con los ciudadanos en general. O, lo que es lo mismo, terminar con el apartheid al que está siendo sometido desde hace años.
Porque lo cierto es que la ministra de Defensa también le podría haber mencionado al periodista algunas particularidades del colectivo militar, como el poder disuasorio de los IPEC (informes personales de calificación que pueden afectar a los ascensos, cursos y renovaciones de compromiso) o, entre otras singularidades, la asignación caprichosa y arbitraria del CDE (complemento de dedicación especial), complemento retributivo que trata de mitigar (cuando se percibe) nuestras maltrechas nóminas. De estas poderosas razones que disuaden a los militares a la hora de participar en una concentración o manifestación, ni una sola mención.
Sin embargo, a pesar de todas las zancadillas y las amenazas veladas (que las hay y las seguirá habiendo), unidas a la imposibilidad de poder celebrar reuniones o impartir una simple conferencia en los acuartelamientos, ASFASPRO cuenta con 6.000 socios. Más de 14.000 militares pertenecen a una asociación profesional, rondando el 11% de afiliación y superando, en el caso de los suboficiales, el 22,7%. Lo que demuestra que el asociacionismo profesional es una realidad imparable, más que le pese a algunos.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LEGISLACIÓN LABORAL
Pero vamos a lo importante y al mismo tiempo grave, que es el incumplimiento flagrante de la Constitución Española y, en consecuencia, la discriminación o el apartheid que estamos sufriendo los militares profesionales en el ámbito laboral, hecho vergonzoso que vienen pasando por alto todos los gobiernos, todos los ministros de Defensa y todos los grupos políticos desde el inicio de la profesionalización de las Fuerzas Armadas en el año 1989. Veamos.
La legislación laboral define el plus de penosidad, toxicidad y/o peligrosidad como la compensación salarial dirigida a los trabajadores por estar sometidos a determinados riesgos o situaciones en el desempeño de sus funciones laborales. Entre los grupos de trabajadores cuyos convenios colectivos recogen estos pluses se encuentran: trabajadores del Estatuto minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, trabajadores del mar, marina mercante y marina de pesca, bomberos, artistas, policías locales, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza... Y cada vez son más los que se suman a este selecto grupo de trabajadores que ven compensada la singularidad de su profesión con mayores retribuciones y/o el derecho a la aplicación de coeficientes reductores para poder obtener la jubilación anticipada sin pérdida alguna en su pensión.
TURNICIDAD, PELIGROSIDAD, PENOSIDAD
Con el fin de determinar qué colectivos pueden ser incluidos en este grupo se tienen en cuenta estudios sobre siniestralidad del sector, la turnicidad, el sometimiento a ritmos de trabajo, la incidencia de la peligrosidad, penosidad o toxicidad, así como los requerimientos físicos exigidos. Y, para no extendernos demasiado, también hay que decir que la misma legislación laboral establece la percepción de pluses o compensación por el trabajo nocturno, la movilidad geográfica o la realización de horas extraordinarias. Es más, muy recientemente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social anunció a bombo y platillo la inminente puesta en marcha del “Algoritmo MAX”, que se dedicará a controlar las horas extraordinarias que realizan las plantillas de las empresas y se impondrán sanciones a las que no las justifiquen, paguen o compensen adecuadamente.
¿Se aplicará esta herramienta en las Fuerzas Armadas o estamos ante un algoritmo selectivo?
¿Será capaz de cuantificar este algoritmo el número de horas extraordinarias, sin retribución ni compensación, que puede hacer un militar en un solo mes?
DISCRIMINACIÓN LABORAL
Sabemos que la verdad es muy incómoda y por eso no hay respuesta a las muchas preguntas que hemos formulado al respecto, pero lo evidente es que en pleno siglo XXI en España se discrimina a un determinado colectivo de ciudadanos: los militares profesionales, a los que no se les quiere aplicar los mismos criterios retributivos y de carrera profesional que al resto de servidores públicos y trabajadores de empresas públicas, privadas o participadas por el Estado. ¿Cómo se denominaba a ese tipo de segregación en el siglo XX? Efectivamente, apartheid, por muy duro que suene y por muchas cortinas de humo que traten de enmascararlo.
Porque es un hecho incuestionable que un militar profesional maneja armas y explosivos y tiene una elevada exigencia psicofísica, además de disponibilidad permanente para el servicio durante todo o una buena parte de su servicio activo; que está sometido a una constante turnicidad teniendo que realizar guardias, servicios y comisiones; que su adiestramiento nocturno y diurno incluye ejercicios con fuego real, jornadas de trabajo continuadas de hasta 48 horas y ejercicios tácticos que pueden durar semanas; que puede ser desplazado a zonas de operaciones o zonas de guerra y que su carrera militar está asociada a una alta movilidad geográfica.
VALORACION HUMANA Y PROFESIONAL
El statu quo del militar profesional del año 2022 refleja la absurda e injusta situación que le toca vivir, porque es inexplicable que cualquier trabajador de la limpieza o de mantenimiento de jardines de un ayuntamiento pueda cobrar más que un paracaidista, buceador de combate o especialista en operaciones especiales en concepto de peligrosidad. Y de igual manera, que un conductor de una empresa municipal de transportes de una ciudad como Madrid[ii] cobre significativamente más que un teniente o un sargento piloto de helicópteros. O que más de 100.000 mujeres y hombres por debajo del empleo de capitán cobren menos o mucho menos que el guardia civil o policía nacional más moderno. No nos cansaremos de repetirlo. Y podríamos poner ejemplos de todo tipo que ponen de manifiesto la injusta desproporción en la valoración humana y profesional de un militar en nuestro país.
RECONOCER LA SINGULARIDAD DE LA PROFESIÓN
Para finalizar, queremos dejar meridianamente claro que lo que solicitamos al Gobierno de la Nación no es sólo una subida de sueldo sino el reconocimiento pleno de la singularidad de la profesión militar. Tal y como sucede con el resto de ciudadanos, las circunstancias especiales en las que se ejerce una profesión tienen que ser debidamente compensadas o retribuidas.
Por otro lado, explicarles a los equidistantes y a los que murmuran en la sombra que la reclamación de mejoras retributivas y profesionales no afecta a la disciplina militar, lo que realmente la perjudica son la injusticia y la arbitrariedad, que causan desmoralización, el peor enemigo de los ejércitos.
[i] https://www.larazon.es/espana/20220704/nxhx2sbfknanrlwkkwzrd4a33m.html
[ii] https://as.com/actualidad/cuanto-gana-un-conductor-de-la-emt-y-cuales-son-las-pruebas-y-requisitos-para-ser-autobusero-n/