“Se puede ignorar la realidad, pero lo que no se pueden ignorar son las consecuencias de haberla ignorado”

Esta contundente frase, atribuida a Ayan Rand (San Petersburgo, 1905; Nueva York, 1982), escritora y filósofa nacida en Rusia nacionalizada estadounidense, debería hacer reflexionar a ese conjunto de ciudadanos que viven profesionalmente de la política y que con una muy escasa vocación de servicio público están sembrando en nuestra sociedad demasiado odio, fobias, complejos, manipulación, división y sectarismo. Y este escenario de polarización y confrontación dificulta al máximo cualquier planteamiento efectivo que se quiera hacer sobre la Defensa Nacional, si es que lo que realmente se pretende es fortalecerla y no una componenda.

Haciendo un poco de memoria y dejando al margen la ingenuidad adolescente o la ideología trasnochada de determinada política tan presente en nuestro país, no hace falta recordar que lo que ahora denominamos “guerra híbrida” fue profusamente utilizado por algunas dictaduras a partir de la segunda mitad del siglo XX con el fin de desestabilizar y dividir a las sociedades occidentales, enfrentadas al bloque que lideraba la antigua Unión Soviética desde el final de la II Guerra Mundial.

Legítimos movimientos pacifistas o ecologistas fueron aprovechados por estos países totalitarios para crear estados de opinión contra determinadas guerras (no contra todas) o para neutralizar el uso de la energía nuclear, por poner solo dos ejemplos en los que la manipulación resultó altamente eficaz. Lo paradójico, es que al mismo tiempo estas tiranías estaban siendo actores muy importantes en esas o en otras guerras y atentaban gravemente contra la ecología de todos los países de su zona de influencia, reprimiendo con dureza cualquier tipo de queja o disidencia. Y así seguimos desde el comienzo del nuevo siglo: mismas tácticas, pero con distintos nombres. Eso sí, contando ahora con la importante herramienta que suponen las redes sociales para las labores de desinformación, agitación, propaganda o ingeniería social.

Aunque los países de nuestro entorno también han venido sufriendo este tipo de acciones en la misma medida que nuestro país, nosotros tenemos algunas particularidades que constituyen un gran obstáculo frente a cualquier tipo de acuerdo que se pretenda adoptar para incrementar nuestro poder de disuasión y defensivo, potenciando nuestras Fuerzas Armadas en todos los aspectos. Cuestión urgente y fundamental para evitar sobresaltos y garantizar nuestro futuro como nación, aunque este tipo de lenguaje no le guste a los amigos de los eufemismos y la equidistancia.

La primera particularidad es que somos un país muy poco serio a la hora de afrontar nuestra historia, con una preocupante tendencia a reescribirla o a reinterpretarla con sesgo ideológico y criterios actuales. Desde hace siglos cargamos con la cruz de una “leyenda negra” inventada por unos enemigos externos de dudosa ejemplaridad en el respeto de los derechos humanos y codiciosos de todas las riquezas y los territorios de los antiguos virreinatos, pero que ha calado profundamente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Todavía hoy somos testigos de cómo se sigue comprando y utilizando esta enorme mentira (fake en el lenguaje actual) por determinadas fuerzas políticas con gran poder de decisión en los asuntos que atañen a los intereses colectivos de todos los españoles.

Y no menos importante es la otra peculiaridad que nos distingue del resto de los países del planeta Tierra y que debería avergonzar a nuestros dirigentes y a una parte de la sociedad civil. Nos referimos al ataque sistemático a los símbolos nacionales y a la imposibilidad de utilizarlos libremente sin el riesgo de ser tildados de fascistas o agredidos física o verbalmente por cualquier descerebrado defensor de “lo suyo”, como ha sucedido en multitud de ocasiones desde la Transición, y con más intensidad en los últimos años.

Cualquier ciudadano puede portar o vestir prendas con la bandera que le dé la gana, incluidas las de dictaduras sanguinarias, sin el menor reproche por parte de nadie, salvo que se trate de la enseña nacional. Esta anomalía democrática, que atenta contra la lógica, la libertad y la convivencia, se minimiza o se consiente incluso desde algunas instituciones, para satisfacción de aquellos que trabajan sin descanso en contra de España como nación libre, unida e independiente. Estamos, en consecuencia, ante una realidad que hace casi inviable estructurar adecuadamente la Defensa Nacional y convierte la tarea en algo tan difícil como lograr la cuadratura del círculo.

Porque podemos negar lo evidente, cerrar los ojos y taparnos los oídos, incluso aplicar una férrea censura a todos aquellos que expresen una opinión contraria al pensamiento políticamente correcto o a la realidad paralela que impera en la actualidad, pero las consecuencias de algunas políticas cortoplacistas y desleales que han venido desarrollando determinadas administraciones públicas están a la vista de cualquiera que intente ver las cosas con un mínimo de objetividad y neutralidad.

Muchos de los militares que han impartido charlas informativas sobre la Cultura de la Defensa o de las posibilidades de carrera en las Fuerzas Armadas en colegios, institutos y universidades, han sufrido en alguna ocasión las consecuencias de estas nefastas políticas y comprobado en primera persona el tribalismo y la fragmentación existente en una buena parte de nuestra sociedad. Habrá quienes nieguen una vez más la realidad, pero ahí están los hechos y los informes remitidos a los sucesivos responsables del Ministerio de Defensa como “fedatarios” del despropósito.

Y derivado de todos estos “polvos”, que ya son lodos, tenemos un escenario complejo e imprevisible. Porque ante la cada vez más evidente necesidad de reestablecer o replantear el Servicio Militar Obligatorio, tal y como están haciendo la mayoría de los países europeos, deberíamos recordar las causas que motivaron su suspensión en el año 2001, algunas de las cuales coinciden con las descritas en este artículo. Otras, como la sensación que tenían muchos jóvenes de que era algo arcaico o una pérdida de tiempo, unido al incremento de insumisos y objetores de conciencia (que en muchos casos lo fueron por motivos ideológicos y no morales), la progresiva influencia de los nacionalismos periféricos en la gobernabilidad de nuestro país, además de la falsa sensación de seguridad tras el final de la llamada “Guerra Fría” a partir de 1991, produjeron lo inevitable. Tampoco podemos olvidar que el ingreso en la OTAN y la participación en misiones internacionales forzaron la modernización, el incremento de la operatividad de las unidades y la progresiva profesionalización de la tropa y marinería.    

Pero llegados a este punto, después de haber relatado algunos de los condicionantes de nuestra política de Defensa y escuchado o leído a los muchos expertos (e ignorantes en la materia) que han ocupado buena parte de los programas y espacios en la mayoría de los medios de comunicación durante estas últimas semanas, la disyuntiva es clara: o potenciación y mejora de las Fuerzas Armadas Profesionales sin trampas ni contubernios o recuperación del Servicio Militar Obligatorio. Por más vueltas que queramos darle a la cuestión, no hay otras vías, salvo que se prefiera elegir el “suicidio” de nuestra Nación a corto o a medio plazo.

Por otro lado, también debemos hacernos dos lógicas preguntas que ni el Gobierno ni nadie ha sido capaz de responder hasta el momento:

¿De verdad se quiere mejorar la Defensa Nacional o solo se trata de aparentar un incremento del gasto ante nuestros socios de la Unión Europea y de la OTAN?

¿Cuánto de ese incremento del presupuesto se va a dedicar a la mejora de la organización de la Defensa y a la carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas?

Porque ya sabemos que habrá mucho dinero para las empresas de armamento y tecnológicas, es lo primero que nos ha quedado claro. Sin embargo, nada se está hablando sobre los que tenemos como nuestra primera obligación preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, impidiendo cualquier tipo de agresión y responder a ella si fuera necesario, además de contribuir a la paz y estabilidad internacional.

En un contexto complicado en el que es necesario y urgente el aumento y el rejuvenecimiento de efectivos militares, resulta que el personal de tropa abandona las Fuerzas Armadas por culpa de los bajos salarios y por la falta de incentivos para continuar en el servicio activo, además de ver muy poco atractiva la promoción a suboficial. Y los suboficiales quemados y envejecidos debido a unas absurdas leyes de personal que casi han eliminado la promoción interna por imponer unos injustos e inexplicables aranceles a los que pretenden promocionar; o desaprovechar las posibilidades que ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior para cambiar el currículo y la titulación de acceso a la escala con la implantación de un título de grado específico militar como sí se hizo de prisa y corriendo recientemente en el caso del plan de estudios y la titulación de los oficiales. ¿Qué mensaje se les está enviando a los futuros aspirantes a ingresar en las Fuerzas Armadas como suboficiales y tropa? Es evidente que no el mejor.

Se podrá marear la perdiz todo lo que se quiera, se podrán destinar miles de millones de euros para armas y tecnología, pero si no hay personal suficiente y bien formado para utilizarlo, la operatividad de las unidades decaerá hasta niveles muy preocupantes. Nuestros políticos y autoridades tienen que ser conscientes de que hay que alcanzar un mínimo de 150.000 militares en servicio activo en nuestras Fuerzas Armadas y que las unidades más operativas deben mantener unas plantillas al 120 % para cubrir todo tipo de incidencias.

Como ya hemos dejado claro en nuestra exposición, la Defensa Nacional no puede tomarse a broma, ser utilizada para pagar favores o vista como un posible negocio, por lo que es de vital importancia que se llegue al máximo consenso posible para que la inversión que se haga sirva para potenciar nuestro poder de disuasión y de este modo poder preservar la paz con mayores garantías. El primer paso que tienen que dar el Gobierno y todos los grupos políticos es la reforma urgente de la Ley de la carrera militar, para que las mujeres y hombres que formamos parte de las Fuerzas Armadas tengamos salarios justos y una carrera profesional digna, en las mismas condiciones que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En otro orden de cosas, los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad están reconocidos y compensados en la Ley General de la Seguridad Social a la hora de la jubilación. De igual manera, la nocturnidad y turnicidad en el trabajo está contemplada en el Estatuto de los Trabajadores. Pero en el caso de los militares profesionales, además, se añaden la disponibilidad permanente para el servicio, la excesiva movilidad geográfica y la nula compensación económica por las guardias, los servicios y los ejercicios de instrucción que habitualmente se desarrollan dentro de las zonas anejas a las bases militares, lo que genera una gran cantidad de horas extraordinarias que no preocupan a la ministra de Defensa ni, por supuesto, a ningún otro miembro del Gobierno. ¿Cuánto tiempo más se va a seguir consintiendo este claro apartheid?

Por último, y tiene mucho que ver con la siniestralidad y la morbilidad de la profesión militar, el ministerio de Defensa incumplió una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (1213-2023 / 20.11.2023) que le instaba a facilitar al recurrente los datos de fallecidos, heridos o retirados como consecuencia de acciones o accidentes en acto de servicio, desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de enero de 2023, además de los suicidios producidos en ese mismo periodo.

A día de hoy, el ministerio de Defensa sigue sin cumplir esa resolución y, por consiguiente, negando los datos solicitados aduciendo complejidad para recabarlos. Sin embargo, Radio Televisión Española no tuvo ningún problema para elaborar un reportaje en el mes de marzo del año 2001 titulado “20 años sin mili: el triunfo de los insumisos”, en el que se daba un dato tan complejo o más como los solicitados: “…que la mili implicaba una serie de riesgos, tanto es así, que desde 1986 hasta 2001 fallecieron 1.960 personas mientras realizaban el servicio militar.”  20 años sin mili: el triunfo de los insumisos

Evidentemente, el ministerio de Defensa es el único organismo que pudo haber facilitado a RTVE este significativo dato, porque es de sentido común creer que no se lo inventó el autor del reportaje. Entonces, solo nos queda pensar que la ministra de Defensa está ocultando a la opinión pública que el militar es el grupo de trabajadores con mayor siniestralidad y morbilidad, lo que debería provocar sonrojo y vergüenza a todos aquellos que han colaborado en su encubrimiento.

Mal camino lleva la Defensa Nacional si sus principales responsables ningunean a todos aquellos que dieron su vida o sufrido heridas en el cumplimiento de las misiones encomendadas.