"A tonga da mironga do kabuletê"

 

"A tonga da mironga do kabuletê" es el título de una famosa canción compuesta en el año 1970 por el músico, diplomático y poeta brasileño Vinicius de Moraes y por el también músico de la misma nacionalidad mundialmente conocido como Toquinho, que puede servir para describir, de una manera sarcástica, los sentimientos de estupefacción, indignación e incredulidad que tienen los suboficiales de las Fuerzas Armadas –y una buena parte de los militares profesionales– por el modelo profesional y retributivo que se les viene aplicando desde hace décadas, con grandes dosis de arbitrariedad, la desidia de todos los grupos políticos y la indiferencia de  una convenientemente manipulada sociedad civil, a la que se le vende  reiteradamente la falacia de que podemos tener unas Fuerzas Armadas profesionales operativas y funcionales con presupuestos de Defensa ridículos, sometidos a complejos ideológicos y de todo tipo.

Aunque esta expresión de origen africano puede tener varias interpretaciones, la más aceptada es que se trata de una forma de protesta ante los que oyen, pero no escuchan y miran, pero no quieren ver. Y esta, por desgracia, es la actitud que han venido mostrando todos los actores políticos y los responsables ministeriales desde que en el año 1989 fuese aprobada la Ley 17/1989, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, en aras de una modernización  y profesionalización de las Fuerzas Armadas que, con el paso de los años y las sucesivas leyes de personal aprobadas con posterioridad, han supuesto un auténtico retroceso de los derechos y expectativas que hasta esa fecha tenían los suboficiales y, al mismo tiempo, denigrado  hasta límites injustificables la profesión militar.

Y de este constante retroceso de expectativas y derechos que ha afectado muy negativamente a la carrera profesional, a la promoción y a la propia dignidad de los suboficiales, se le han remitido exhaustivos informes a autoridades políticas y militares que fueron expuestos detalladamente tanto en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados como en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la tónica general es que nadie quiere ver ni escuchar nada de lo que se les dice o, lo que es todavía más grave, niegan lo evidente.

Por un lado, está el mensaje de la ministra de Defensa y su equipo ministerial, de falso diálogo, imposición y trágala permanente, que se dulcifica en los medios de comunicación con enorme éxito a base de constantes halagos y mucho supuesto cariño hacia sus subordinados, pero que esconde una cruda realidad de descontento y desmoralización que está llegando a todos los niveles de la Institución. Por otro, tal vez el más hipócrita, están los que tratan de vender el mantra de que todo se soluciona con los manidos valores militares, que según parece son el milagro que da de comer a las familias y les compensa por normativas erradas o por una legislación disparatada que ha reducido sus carreras militares a esperar el “simple transcurso de los años”, como denominaba despectivamente al servicio activo una antigua subsecretaria de Defensa.

Pero, como ha sucedido en tantas ocasiones, no debemos engañarnos si a partir de ahora aparecen en los medios falsas promesas de mejoras futuras, porque tras más de treinta años del inicio de la profesionalización y otros diez desde la puesta en marcha del Consejo de Personal, no se ha producido ni una sola iniciativa ministerial dedicada a mejorar significativamente la profesión militar. Por el contrario, los pequeños avances que se han obtenido han sido fundamentalmente fruto de sentencias de los tribunales de justicia, tras los recursos presentados por las asociaciones profesionales o por militares a título individual, lo que es un claro ejemplo del inmovilismo recalcitrante que impera en el ministerio de Defensa.

La ignominia, porque así hay que definirla, es cada día más grande y parte de un fraude o engaño cometido mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, por el que se adelantó la suspensión de la prestación del servicio militar al 31 de diciembre de 2001, con los aplausos hipócritas de los que vendían una “exitosa” profesionalización y los que desde hacía años promovían un boicot de la llamada “mili”. En consecuencia, se pusieron en marcha las Fuerzas Armadas profesionales con militares mal retribuidos y con una carrera militar sometida a una legislación arbitraria manifiestamente mejorable en todos los aspectos. ¿Qué podía salir mal? Pues lo que le sucede a cualquier empresa que paga sueldos ridículos y que ofrece pocos incentivos a sus trabajadores: que el reclutamiento fue desde el principio muy dificultoso y se tuvieron que dedicar ingentes recursos económicos para publicidad y a incentivar el alistamiento de españoles y extranjeros.

Y, aun así, debido a la constante inseguridad jurídica, a que continúan las bajas retribuciones y al escaso reconocimiento profesional y de la formación militar, actualmente se están produciendo signos alarmantes en el colectivo que obligarían a actuar de manera inmediata a cualquier departamento de recursos humanos que tuviera un poco de sentido común y conocimiento de la situación real del personal de su empresa. Porque es una insensatez mirar para otro lado o taparse los oídos cuando eres plenamente consciente de que las mujeres y los hombres bajo tu mando contemplan como cada vez son más los servidores públicos que aumentan sus derechos profesionales y retributivos sin que sus jefes directos pongan la excusa del presupuesto para no concederlos.

De este modo, en los últimos años se ha aprobado la aplicación de coeficientes reductores aplicables a la jubilación de los policías locales (que ya disfrutaban de salarios y condiciones laborales muy ventajosas); se ha iniciado una importante equiparación salarial de policías y guardias civiles con los policías autonómicos y se han mejorado los ya de por sí excelentes sueldos y la carrera profesional de los mencionados policías autonómicos y del personal de  bomberos, que también tenían derecho a coeficientes reductores para la jubilación entre otros beneficios. Y también se están estudiando mejoras en la jubilación para los profesionales de la Sanidad.

Entonces, señoras ministras de Hacienda y Defensa, ¿cómo se pagan estas retribuciones y condiciones laborales de todos estos profesionales? Pues a cargo de unos presupuestos que tienen que retribuir adecuadamente a los que ejercen su profesión con ciertas singularidades, como son la peligrosidad, la penosidad, la turnicidad, la nocturnidad, etc. Así es y así se hace con todo tipo de trabajadores públicos o privados, menos con los militares.

Por tanto, en base a los argumentos utilizados públicamente por la ministra de Trabajo y otros miembros del Gobierno cuando hablan de legislación laboral y de derechos (también económicos) de los trabajadores, y aunque digan despectivamente una y otra vez que los militares no deben compararse con nadie (ya dirán algún día con quién se pueden comparar), estamos ante un caso flagrante de explotación laboral, arbitrariedad y fraude, porque no se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado las partidas que deberían dedicarse a retribuir la singularidad de la profesión militar, que no debe ser ni más ni menos que la del resto de servidores públicos que la tienen reconocida presupuesto tras presupuesto sin que ninguna autoridad se atreva a negársela.

Para finalizar, dejamos unas preguntas retóricas dirigidas, sobre todo, a quiénes hoy tienen poder de decisión:

¿Qué dirían los funcionarios o el personal laboral de cualquier institución local, autonómica y estatal o los trabajadores de las diversas empresas públicas y semipúblicas, si cada dos semanas se les obligase a realizar un “trabajo continuado” de 24 o 48 horas sin salir de sus dependencias?

¿Qué dirían si después de ese “trabajo continuado” tuviesen que realizar otra jornada o jornadas de 24 o más horas extras y no ver a sus familias durante todo ese tiempo?

¿Qué dirían si por todos estos trabajos continuados o en festivos no percibieran retribución extraordinaria alguna?

Son muchas más las preguntas que se pueden formular, pero la respuesta sería siempre la misma (y unos cuantos improperios más): “A tonga da mironga do kabuletê”, por supuesto. Porque todos se reirían en la cara de la autoridad que se atreviera a plantearles semejante “oferta” de jornada laboral. Y ese debe ser el motivo de que no haya más casos como el de los militares profesionales en ninguna otra institución pública o empresa privada. Porque lo más grave del asunto es la consideración de parias de la sociedad y el desprecio que mantienen hacia los militares todos aquellos que justifican la ignominia que estamos denunciando.

La entonces flamante nueva ministra de Defensa, Margarita Robles, explicó a las asociaciones profesionales militares en 2019, en el primer pleno extraordinario sobre retribuciones, que el Ministerio de Defensa tenía un plan para mejorarlas, pero que no podía hacerles partícipe del mismo para no caer en electoralismo semanas antes de las elecciones generales tras las que revalidó el cargo. Desde entonces, y pese a las continuas solicitudes, quejas, reivindicaciones –incluidas concentraciones y manifestaciones en la vía pública-, otro pleno extraordinario, una comisión de trabajo… el Plan de Retribuciones Militares (PRM) no ha dado señales de vida. El secreto mejor guardado del Ministerio de Defensa.

 

Tras salir a la luz el robo de documentos realizado por Pegasus a la ministra Robles se aclara la sospechosa desaparición del Plan de Retribuciones Militares ministerial. Fuentes bien informadas pero que por secretas no podemos desvelar afirman que no es que no existiera, es que todas sus copias fueron robadas por Pegasus, con lo que el golpe dado por este sistema habría llegado al lugar considerado como más inaccesible en Defensa. Esto explica que el ministerio continúe dando largas y creando continuas cortinas de humo respecto a las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, por lo que este sufrido personal sigue con sus paupérrimas nóminas.

 

Quitándole al Ministerio de Defensa la posibilidad de implementar el PRM la potencia que está detrás de Pegasus se garantiza que los militares sean el personal peor pagado de la Administración y que no tengan muchos motivos para sentirse valorados por su Estado, con lo que la operación de sustracción busca socavar la moral del personal militar.

 

¿Reaccionará el Ministerio de Defensa al robo diseñando un nuevo plan para dignificar el salario de las tropas y subir su moral?

Habrá quien diga que en las Fuerzas Armadas no se trabaja. Unos porque no lo consideran una actividad laboral –como si los militares no computaran su salario en la casilla “rendimientos del trabajo” de la declaración de la renta-, otros porque dicen que servir a la Patria es un honor y por ello no hace falta que los miembros de esa religión de hombres honrados tengan un sueldo digno. Materia filosófica para discusiones bizantinas en la que no merece entrar al trapo.

La realidad es que la militar es, con sus singularidades, una actividad profesional tan digna como cualquier otra, porque todas las ocupaciones laborales son necesarias para la sociedad. Los militares siempre hemos estado y seguimos estando cumpliendo con nuestro deber hacia nuestra sociedad. Nuestros conciudadanos han sido testigos de cómo los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas hemos estado apartando nieve o ceniza volcánica a paladas para facilitar el paso o evitar el derrumbe de edificios, cómo las lanchas neumáticas militares han socorrido a sus parientes en inundaciones, cómo hemos levantado hospitales de campaña para atenderles en lo más duro de la pandemia, cómo hemos custodiado y trasladado los cadáveres de sus deudos cuando nadie más podía hacerlo… 3000 militares están desplegados en Bulgaria, en el Báltico, Turquía, Bosnia-Herzegovina, el Golfo de Adén y Cuerno de África, Somalia, Mali, República Centroafricana, Colombia, Iraq y Líbano para luchar contra la piratería, el terrorismo, evitar enfrentamientos armados entre territorios o proteger el espacio europeo más cercano de la amenaza rusa. Los militares también seguimos protegiendo 24 horas al día y 7 días a la semana nuestras aguas territoriales y nuestro espacio aéreo de cualquier amenaza externa. La sucesión ciudadanía comprueba que pueden contar con las Fuerzas Armadas y que éstas están formadas por un personal competente, formado y motivado para cumplir con su deber. Esta es la cara A.

La cara B es que a este personal militar, obligado y dispuesto a entregar su vida si es necesario en cumplimiento de su deber, se le discute su profesionalidad y se le niega el derecho a una retribución justa y digna. La triste realidad es que se desprecia el trabajo del militar, su formación y su desempeño. De varias maneras, la principal de las cuales es recompensar su trabajo con una paupérrima nómina, la más baja del sector público, muy alejada de la de cualquier trabajador público o del sector privado que realice un trabajo igual o parecido. Sirvan algunos ejemplos:

- ¿Por qué un piloto de un helicóptero de combate gana muchísimo menos que el piloto de un helicóptero de control de tráfico al que nadie va a disparar?

- ¿Por qué un controlador aéreo militar en un aeropuerto de uso civil y militar (el de Zaragoza, por ejemplo) no gana lo mismo, ni siquiera parecido, que su compañero de silla civil?

- ¿Por qué los suboficiales de las Fuerzas Armadas que imparten clase en el Centro Internacional de Desminado (Hoyo de Manzanares) a los desactivadores de explosivos policías y guardias tienen una nómina inferior en mucho a la de sus alumnos siendo éstos de una categoría profesional inferior?

- ¿Por qué nadie discute que un bombero de cualquier municipio cobre unas buenas retribuciones, tenga los días de descanso que tiene tras 24 horas de servicio y disfrute de un coeficiente reductor para adelantar la edad de jubilación pero, en cambio, a un militar –incluyendo a los bomberos de la UME o los retenes contraincendios de cualquier base aérea- se le ratea el sueldo, se le dificulta la compensación de los excesos de jornada laboral y se le alarga la edad de pase a la reserva?

Pues porque no hay respeto ni por la profesión militar ni por quienes la ejercen. Porque pagar el sacrificio y el trabajo realizado con palmadas en la espalda y buenas palabras, o incluso con medallas que no cuentan para nada, es estafar a los militares y a sus familias. Sin embargo, las autoridades políticas y militares responsables no son capaces de solucionar el problema de las retribuciones y la carrera profesional que lleva a oficiales (tras cinco años de academia) y suboficiales (tras tres años de academia) a abandonar la milicia para ser guardias civiles o policías locales rasos.

20 años después del final del servicio militar obligatorio los militares no pueden seguir en estas nefastas condiciones laborales (malos sueldos, jornadas laborales interminables y no compensadas ni retribuidas, sin cobrar nocturnidad, festividad, desplazamientos… y la peligrosidad y penosidad de los puestos con complementos de risa, promoción profesional del suboficial prácticamente desaparecida…). La situación de crisis actual, con una subida de precios brutal, nos hace aún más vulnerables con sueldos mileuristas y poco más que mileuristas, por eso ahora más que nunca procede la aproximación o equiparación salarial con otros empleados públicos como policías y guardias civiles. No se puede pedir más sacrificio económico a las ya sacrificadas familias militares que no llegan a fin de mes

El Día del Trabajo es un buen marco para exigir bien alto, bien fuerte y bien claro CARRERA Y RETRIBUCIONES DIGNAS PARA EL MILITAR.

Ante la negativa del Ministerio de Defensa a explicar su plan de equiparación retributiva del personal militar y la falta de incrementos salariales reales y consolidables para el 2022, la mayoría de las asociaciones profesionales abandonan el pleno del Consejo.

Madrid, 16 diciembre de 2021.

La mayoría de las asociaciones profesionales con presencia en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas se han levantado del pleno de hoy y lo han abandonado minutos después de iniciarse la sesión.

Ha sido la reacción a las tres negativas ministeriales: no informar en el pleno sobre el plan de mejora de retribuciones, la falta de incrementos salariales reales para el 2022 y que la ministra no quiere recibir a las asociaciones.

Ante la falta de avances por parte del Ministerio de Defensa en el establecimiento de los incrementos retributivos para el año 2022 que continúen con la justa equiparación salarial con los Cuerpos de Seguridad del Estado, ASFASPRO convoca concentraciones en una decena de ciudades para el próximo 19 de junio, tal y como ya hizo en el pasado mes de diciembre.

Las guardias, el trabajo a turnos, la nocturnidad, la extensión de horarios, la peligrosidad, la preparación técnica, la disponibilidad permanente y la movilidad geográfica deben retribuirse.

El día 29 de enero se celebró el Pleno extraordinario del Consejo de Personal en el Ministerio de Defensa monográfico sobre retribuciones. Como en anteriores plenos y debido a la situación sanitaria originada por el COVID-19, se celebró en formato reducido, cinco representantes ministeriales y cinco representantes de las asociaciones con representación en el Consejo. Presidido por la Subsecretaria de Defensa, asistieron la Directora General de Personal Militar (DIGENPER), el Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), los Mandos de Personal de los Ejércitos y la Armada, y cinco representantes de las asociaciones profesionales (ASFASPRO, AUME, ATME, UMT y APROFAS).

El Pleno comenzó a instancias de la presidencia, guardando un minuto de silencio por los miembros de las Fuerzas Armadas recientemente fallecidos por covid-19, especialmente el Arzobispo Castrense Diaz del Rio y nueve militares más.

A continuación, se procedió a la apertura de la sesión y la lectura del orden del día por parte del Secretario Permanente del Consejo y, a la finalización de la misma y antes de comenzar el primer punto el representante de ASFASPRO solicitó la palabra a la presidencia que le fue concedida.

El COVID-19 se ha llevado muchas cosas por delante, y una de ellas ha sido el desfile militar del 12 de octubre en Madrid. Muchos actos militares, formaciones en aniversarios, patronas, días de la unidad… han dejado de celebrarse desde que llegó la pandemia. Los compañeros caídos siempre estarán en nuestro recuerdo, y los actos ya volverán cuando se pueda, no hay problema. El orden cerrado no es precisamente la principal ocupación de nuestras Fuerzas Armadas. No debería hacer falta explicarlo a los ciudadanos, que han podido ver directamente en las calles a nuestras tropas trabajar en ocupaciones diversas, controlando y vigilando áreas, descontaminando infraestructuras, habilitando hospitales de campaña, custodiando y trasladando cadáveres… Tareas para las cuales están sobradamente preparados, además de seguir cumpliendo con otras para las que han seguido adiestrándose durante este año, como tiros con armas ligeras, fuegos de artillería… porque no lo olvidemos, nuestros ejércitos existen porque la sociedad necesita unos elementos de combate para su defensa, aunque a veces esto cae en el olvido.

Nuestras Fuerzas Armadas no son una ONG humanitaria que se dedica a repartir alimentos a poblaciones que han sufrido desgracias naturales o conflictos armados, lo cual no significa que no hayan desempeñado un importantísimo papel atendiendo a miles de personas en situaciones de crisis humanitaria, cuando había que intervenir en un ambiente en el que la violencia y la ausencia de infraestructuras y de autoridad local no permitía que estas entidades sin armas pudieran actuar sin la protección adecuada.

La Comisión de Defensa del Congreso ha debatido este martes, 29 de septiembre, varias proposiciones no de Ley, entre las que destacan la relativa a la adopción de medidas para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas y la relativa a que los enfermos de coronavirus (COVID-19) de entre los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan participado en todo tipo de actividades de contención de la pandemia y lucha contra la misma, sean reconocidos como infectados y, en su caso, fallecidos en acto de servicio o como consecuencia del mismo.

 

ORDEN DEL DÍA

- Relativa a la adopción de medidas para la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas.

BOCG, serie D , número 49 , de 10 de Marzo de 2020  PDF
(Núm. Exp. 161/000285/0000)

De complejos pandemias y militares 1 300420El impacto emocional que la actual crisis sanitaria está provocando entre los ciudadanos por los miles de fallecidos y contagiados, el largo y hasta ahora desconocido confinamiento y el miedo, la angustia o la desesperación por el incierto futuro que se nos presenta, ha puesto en el primer plano de la actualidad la impagable labor de diversos profesionales que hasta ahora eran casi invisibles o estaban situados en el rincón secundario entre las prioridades de una sociedad acostumbrada a que la mayoría de sus problemas habituales no pudiesen derivar en enfermar gravemente de manera masiva y de un día para otro, con el posible resultado de muerte. Esta es una cruda realidad que hasta hace pocos días nos era muy lejana y que solo vivíamos a través de los telediarios cuando hablaban de epidemias localizadas casi siempre en países de África o del lejano oriente.

Sin embargo, cuando las impactantes imágenes que nos llegaban de China desde comienzos de este año 2020 se trasladaron a nuestros pueblos, ciudades y, sobre todo, hospitales, los trabajadores sanitarios y científicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, Bomberos o Protección Civil, además de muchos otros trabajadores como los transportistas, empleados de supermercado, personal de limpieza, vigilantes de seguridad, etc., pasaron a formar parte de la vanguardia dedicada a enfrentarse a la crisis más grave que ha vivido España desde la Guerra Civil, quedando lo verdaderamente superfluo, aunque lamentablemente no en toda su extensión, reducido a formar parte de la en este caso inservible retaguardia.

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