¿Y el 90%?

Esta semana conocíamos a través del medio de comunicación El País las palabras del Ministro de Defensa, Pedro Morenés, en las que aseguraba que “más vale tener un 10% al 100% que un 100% al 10%”, en referencia a que sólo el 10% del ejército estará listo para combatir[1]. Unas palabras que preocupan a nivel personal y colectivo.

 

¿Alguien se imagina aplicar este criterio a cualquier otro ámbito? Sólo el 10% de los médicos, de los jueces, de los bomberos o de los inspectores de la agencia tributaria serán operativos: capacitados, adiestrados y con los medios adecuados para realizar su genuino trabajo.

El Gobierno tiene la obligación legal de dirigir el planeamiento de la defensa, del que se deducen las necesidades del personal militar. Si el Gobierno planea tener operativo un 10% de los efectivos es porque supone que son suficientes para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Lógicamente suponer lo contrario nos llevaría a la fatal conclusión que el Gobierno no destina suficientes recursos económicos para la defensa y protección del país y que los ejércitos no pueden cumplir su misión constitucionalmente atribuida. Dicho en román paladino, nuestra nación estaría en peligro.

 

La sociedad española confía en sus representantes políticos para que doten a las Fuerzas Armadas con medios acordes a las necesidades de la Defensa. Asumir que serán alrededor de 10.000 hombres y mujeres  sobre los que recaiga tan grave responsabilidad, supone el fracaso de las consecutivas políticas de personal que han ido fijando efectivos, plantillas, edades de pase a la reserva y tasas de reposición muy por encima de lo realmente necesario.

 

Pero, ¿qué hará el 90% de efectivos restante? Crear mandos virtuales, sufrir restructuraciones orgánicas, atragantarse con nuevas leyes penales y disciplinarias que mermen sus derechos, reclamar el cambio de la dichosa Ley de la carrera, atorarse con el ficticio y excesivamente oneroso modelo de enseñanza militar y, por supuesto, apoyar a la industria con insolidarios intereses económicos en la Defensa.

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