El Gobierno tiene la obligación legal de dirigir el planeamiento de la defensa, del que se deducen las necesidades del personal militar. Si el Gobierno planea tener operativo un 10% de los efectivos es porque supone que son suficientes para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Lógicamente suponer lo contrario nos llevaría a la fatal conclusión que el Gobierno no destina suficientes recursos económicos para la defensa y protección del país y que los ejércitos no pueden cumplir su misión constitucionalmente atribuida. Dicho en román paladino, nuestra nación estaría en peligro.

La sociedad española confía en sus representantes políticos para que doten a las Fuerzas Armadas con medios acordes a las necesidades de la Defensa. Asumir que serán alrededor de 10.000 hombres y mujeres  sobre los que recaiga tan grave responsabilidad, supone el fracaso de las consecutivas políticas de personal que han ido fijando efectivos, plantillas, edades de pase a la reserva y tasas de reposición muy por encima de lo realmente necesario.

Pero, ¿qué hará el 90% de efectivos restante? Crear mandos virtuales, sufrir restructuraciones orgánicas, atragantarse con nuevas leyes penales y disciplinarias que mermen sus derechos, reclamar el cambio de la dichosa Ley de la carrera, atorarse con el ficticio y excesivamente oneroso modelo de enseñanza militar y, por supuesto, apoyar a la industria con insolidarios intereses económicos en la Defensa.