Buena prueba de ello es la práctica unanimidad del Gobierno, los partidos políticos e innumerables instituciones del Estado para equiparar el sueldo de policías y guardias civiles con los miembros de la “Ertzaintza” y “Mossos d´Esquadra”, o que no existen ayuntamientos o comunidades autónomas que se atrevan a cuestionar que un bombero bajo su jurisdicción trabaje “solo” 60 días al año o tenga los descansos proporcionales a su régimen de servicio. Todo se ve con normalidad porque es la compensación necesaria que deben tener las mujeres y hombres que ejercen una profesión singular con especial dedicación, penosidad o peligrosidad. Es más, aún con sus legítimas reivindicaciones de mejoras salariales y profesionales, podemos afirmar, sin llegar a equivocarnos, que el resto de empleados públicos que ejercen otros cometidos de mucho menor riesgo o penosidad disfrutan también de compensaciones por la realización de horas extraordinarias, prestación de guardias, peligrosidad, etc., gracias a que la sociedad a la que servimos forma parte de un Estado de Derecho con todas las garantías.
Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo en que esta singularidad debe ser tenida en cuenta, ¿por qué los militares no disfrutamos de estos derechos o no nos llegan las debidas recompensas como al resto de empleados públicos? La Comisión de Defensa del Congreso ha emitido un dictamen demoledor sobre nuestra situación; también el Observatorio de la Vida Militar ha hecho público un informe con datos objetivos y preocupantes que ponen de manifiesto la evidente discriminación que sufrimos los militares. Entonces, ¿cuáles son los motivos que sustentan la marginación que venimos padeciendo? Porque no estamos hablando de un gobierno concreto, sino de sucesivos gobiernos que han hecho muy poco para evitar que las retribuciones de los militares vayan siempre por debajo y a remolque del resto de servidores públicos y, además, tampoco han sido capaces de dotar a las Fuerzas Armadas de un régimen de personal que nos permita ejercer nuestra profesión con estabilidad y seguridad jurídica, con el consiguiente perjuicio profesional y familiar.
La situación en la que nos encontramos actualmente, por injusta, hace que nos hagamos muchas más preguntas para intentar dar con las claves de por qué somos tratados como ciudadanos de segunda:
¿Será que una parte de la sociedad, en su subconsciente, nos asocia con la dictadura?
¿O con el intento de golpe de estado del 23 F?
¿O son los traumas y las fobias de la “mili” las que nos castigan?
¿Tal vez los ecos del “No a la guerra” de hace pocos años?
Es difícil encontrar una respuesta lógica y clara que pueda justificar el trato que estamos recibiendo, pero lo cierto es que a muchos les preocupa más la posición de la bandera nacional en el asta de los cuarteles que nuestro bienestar, y otros, la Administración, por ejemplo, permanecen impasibles sin hacer nada porque saben que la disciplina militar y la satisfacción del deber cumplido, cualidad etérea que al parecer forma parte de nuestras retribuciones, facilitan la tranquilidad que no tienen cuando son otros colectivos los que se sienten agraviados o se cabrean. De este modo, se sostiene la postura indiferente y casi ofensiva del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, consentida por el Gobierno de la Nación, que ignora o rechaza una y otra vez cualquier intento de asimilación de todas nuestras retribuciones con el resto de funcionarios y empleados públicos, con excusas y argumentos de mal pagador. Si a todo esto le unimos el poco interés de la mayoría de medios de comunicación hacia la problemática de los militares, interesándose solamente por las muertes y accidentes o las mal llamadas “manadas” –en determinados casos de supuesto acoso sexual acecidos dentro de un acuartelamiento–tenemos el cóctel perfecto para que sigamos sumidos en el olvido y la marginación, con riesgo elevado –no exageramos- de caer a medio plazo en la exclusión social, porque en condiciones normales de actividad económica del país el reclutamiento descenderá hasta el límite de poner en riesgo nuestra seguridad y defensa y, en definitiva, las misiones que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, esos militares a los que tantos desprecian, aunque no se atrevan a afirmarlo abiertamente, nos adiestramos continuamente realizando tareas con un alto índice de peligrosidad, inherente a nuestra profesión, y estamos siempre preparados para acudir allí donde se reclame nuestra presencia para defender los intereses de la Nación o a la sociedad a la que servimos. Aunque haya quien piense que el componente vocacional y nuestros valores nos inmunizan ante el riesgo o la enfermedad y que el cumplimiento de una jornada laboral real –que puede llegar a triplicar a la de cualquier trabajador público o privado– es algo normal y no una anomalía.
Y por eso tenemos que decir bien alto no a la guerra de la hipocresía, del olvido y de la indiferencia, que permite que ese soldado que se juega la vida tanto dentro como fuera de nuestras fronteras cobre 850 euros mensuales y que el sueldo de todos los suboficiales o un teniente de las Fuerzas Armadas sea inferior al del menor empleo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales incluidos, no lo olvidemos.
1 https://www.boe.es/boe/dias/2001/03/10/pdfs/A08974-08975.pdf