"A tonga da mironga do kabuletê"
"A tonga da mironga do kabuletê" es el título de una famosa canción compuesta en el año 1970 por el músico, diplomático y poeta brasileño Vinicius de Moraes y por el también músico de la misma nacionalidad mundialmente conocido como Toquinho, que puede servir para describir, de una manera sarcástica, los sentimientos de estupefacción, indignación e incredulidad que tienen los suboficiales de las Fuerzas Armadas –y una buena parte de los militares profesionales– por el modelo profesional y retributivo que se les viene aplicando desde hace décadas, con grandes dosis de arbitrariedad, la desidia de todos los grupos políticos y la indiferencia de una convenientemente manipulada sociedad civil, a la que se le vende reiteradamente la falacia de que podemos tener unas Fuerzas Armadas profesionales operativas y funcionales con presupuestos de Defensa ridículos, sometidos a complejos ideológicos y de todo tipo.
Aunque esta expresión de origen africano puede tener varias interpretaciones, la más aceptada es que se trata de una forma de protesta ante los que oyen, pero no escuchan y miran, pero no quieren ver. Y esta, por desgracia, es la actitud que han venido mostrando todos los actores políticos y los responsables ministeriales desde que en el año 1989 fuese aprobada la Ley 17/1989, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, en aras de una modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas que, con el paso de los años y las sucesivas leyes de personal aprobadas con posterioridad, han supuesto un auténtico retroceso de los derechos y expectativas que hasta esa fecha tenían los suboficiales y, al mismo tiempo, denigrado hasta límites injustificables la profesión militar.
Y de este constante retroceso de expectativas y derechos que ha afectado muy negativamente a la carrera profesional, a la promoción y a la propia dignidad de los suboficiales, se le han remitido exhaustivos informes a autoridades políticas y militares que fueron expuestos detalladamente tanto en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados como en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la tónica general es que nadie quiere ver ni escuchar nada de lo que se les dice o, lo que es todavía más grave, niegan lo evidente.
Por un lado, está el mensaje de la ministra de Defensa y su equipo ministerial, de falso diálogo, imposición y trágala permanente, que se dulcifica en los medios de comunicación con enorme éxito a base de constantes halagos y mucho supuesto cariño hacia sus subordinados, pero que esconde una cruda realidad de descontento y desmoralización que está llegando a todos los niveles de la Institución. Por otro, tal vez el más hipócrita, están los que tratan de vender el mantra de que todo se soluciona con los manidos valores militares, que según parece son el milagro que da de comer a las familias y les compensa por normativas erradas o por una legislación disparatada que ha reducido sus carreras militares a esperar el “simple transcurso de los años”, como denominaba despectivamente al servicio activo una antigua subsecretaria de Defensa.
Pero, como ha sucedido en tantas ocasiones, no debemos engañarnos si a partir de ahora aparecen en los medios falsas promesas de mejoras futuras, porque tras más de treinta años del inicio de la profesionalización y otros diez desde la puesta en marcha del Consejo de Personal, no se ha producido ni una sola iniciativa ministerial dedicada a mejorar significativamente la profesión militar. Por el contrario, los pequeños avances que se han obtenido han sido fundamentalmente fruto de sentencias de los tribunales de justicia, tras los recursos presentados por las asociaciones profesionales o por militares a título individual, lo que es un claro ejemplo del inmovilismo recalcitrante que impera en el ministerio de Defensa.
La ignominia, porque así hay que definirla, es cada día más grande y parte de un fraude o engaño cometido mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo, por el que se adelantó la suspensión de la prestación del servicio militar al 31 de diciembre de 2001, con los aplausos hipócritas de los que vendían una “exitosa” profesionalización y los que desde hacía años promovían un boicot de la llamada “mili”. En consecuencia, se pusieron en marcha las Fuerzas Armadas profesionales con militares mal retribuidos y con una carrera militar sometida a una legislación arbitraria manifiestamente mejorable en todos los aspectos. ¿Qué podía salir mal? Pues lo que le sucede a cualquier empresa que paga sueldos ridículos y que ofrece pocos incentivos a sus trabajadores: que el reclutamiento fue desde el principio muy dificultoso y se tuvieron que dedicar ingentes recursos económicos para publicidad y a incentivar el alistamiento de españoles y extranjeros.
Y, aun así, debido a la constante inseguridad jurídica, a que continúan las bajas retribuciones y al escaso reconocimiento profesional y de la formación militar, actualmente se están produciendo signos alarmantes en el colectivo que obligarían a actuar de manera inmediata a cualquier departamento de recursos humanos que tuviera un poco de sentido común y conocimiento de la situación real del personal de su empresa. Porque es una insensatez mirar para otro lado o taparse los oídos cuando eres plenamente consciente de que las mujeres y los hombres bajo tu mando contemplan como cada vez son más los servidores públicos que aumentan sus derechos profesionales y retributivos sin que sus jefes directos pongan la excusa del presupuesto para no concederlos.
De este modo, en los últimos años se ha aprobado la aplicación de coeficientes reductores aplicables a la jubilación de los policías locales (que ya disfrutaban de salarios y condiciones laborales muy ventajosas); se ha iniciado una importante equiparación salarial de policías y guardias civiles con los policías autonómicos y se han mejorado los ya de por sí excelentes sueldos y la carrera profesional de los mencionados policías autonómicos y del personal de bomberos, que también tenían derecho a coeficientes reductores para la jubilación entre otros beneficios. Y también se están estudiando mejoras en la jubilación para los profesionales de la Sanidad.
Entonces, señoras ministras de Hacienda y Defensa, ¿cómo se pagan estas retribuciones y condiciones laborales de todos estos profesionales? Pues a cargo de unos presupuestos que tienen que retribuir adecuadamente a los que ejercen su profesión con ciertas singularidades, como son la peligrosidad, la penosidad, la turnicidad, la nocturnidad, etc. Así es y así se hace con todo tipo de trabajadores públicos o privados, menos con los militares.
Por tanto, en base a los argumentos utilizados públicamente por la ministra de Trabajo y otros miembros del Gobierno cuando hablan de legislación laboral y de derechos (también económicos) de los trabajadores, y aunque digan despectivamente una y otra vez que los militares no deben compararse con nadie (ya dirán algún día con quién se pueden comparar), estamos ante un caso flagrante de explotación laboral, arbitrariedad y fraude, porque no se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado las partidas que deberían dedicarse a retribuir la singularidad de la profesión militar, que no debe ser ni más ni menos que la del resto de servidores públicos que la tienen reconocida presupuesto tras presupuesto sin que ninguna autoridad se atreva a negársela.
Para finalizar, dejamos unas preguntas retóricas dirigidas, sobre todo, a quiénes hoy tienen poder de decisión:
¿Qué dirían los funcionarios o el personal laboral de cualquier institución local, autonómica y estatal o los trabajadores de las diversas empresas públicas y semipúblicas, si cada dos semanas se les obligase a realizar un “trabajo continuado” de 24 o 48 horas sin salir de sus dependencias?
¿Qué dirían si después de ese “trabajo continuado” tuviesen que realizar otra jornada o jornadas de 24 o más horas extras y no ver a sus familias durante todo ese tiempo?
¿Qué dirían si por todos estos trabajos continuados o en festivos no percibieran retribución extraordinaria alguna?
Son muchas más las preguntas que se pueden formular, pero la respuesta sería siempre la misma (y unos cuantos improperios más): “A tonga da mironga do kabuletê”, por supuesto. Porque todos se reirían en la cara de la autoridad que se atreviera a plantearles semejante “oferta” de jornada laboral. Y ese debe ser el motivo de que no haya más casos como el de los militares profesionales en ninguna otra institución pública o empresa privada. Porque lo más grave del asunto es la consideración de parias de la sociedad y el desprecio que mantienen hacia los militares todos aquellos que justifican la ignominia que estamos denunciando.